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El Naya, Valle del Cauca

19 años de deudas: sin tierras ni justicia


Hace 19 años en El Naya, Cauca, las procesiones de Semana Santa no contaban feligreses sino víctimas. El miércoles santo marcó el fin de la cuaresma y el inicio de la barbarie. Era 11 de abril del 2001 cuando más de 100 paramilitares del Bloque Calima asesinaron a supuestos guerrilleros. No hubo juicios. Solo señalamientos, tortura y muerte para los del ‘otro bando’.

El Naya es una región ubicada en los límites del Cauca y Valle del Cauca. Está dividida en Bajo Naya, donde habitan comunidades afro, y Medio y Alto Naya, con campesinos e indígenas. Solo cuenta con dos vías de acceso: una terrestre por el municipio de Buenos Aires y que obliga el ingreso a lomo de mula, y otra acuática por Buenaventura, el canal entre el Océano Pacífico y el suroccidente del país.

Con el paso de los años, los habitantes de la región vieron al río Naya convertirse en paso estratégico para el microtráfico. Era una oda a las armas. Fue corredor de las Farc en los ochenta y del ELN en los noventa. En 1999, una división del ELN secuestró a 200 devotos en la Iglesia La María, en Cali, y los llevó a los Farallones, un lugar cercano a El Naya.

Todas fueron razones suficientes para que el Bloque Calima entrara en la zona creyendo que era ‘cuna de guerrilleros’. El grupo era dirigido por Jose Herbet Veloza, alias ‘HH’. Su presencia en el Pacífico obedecía a las órdenes de Vicente Castaño, quien quería lucrarse con el narcotráfico y consolidar su dominio político y militar desde Chocó hasta Nariño.

El bloque llegó un día antes a la masacre, el 10 de abril. Permanecieron en la región hasta el 13. Como si fuera coincidencia religiosa, el calvario del Alto Naya terminó en pleno Viernes Santo. Pero luego de la masacre y para huir del lugar, los ‘paras’ se enfrentaron a los ‘guerrillos’. La Fuerza Pública llegó dos semanas después de la Masacre, el 26 de ese mismo mes.

Foto: © Eduard Hoyos

Según la Fiscalía, se contaron unas 40 víctimas. La comunidad refuta la cifra y asegura que más de 100 campesinos fueron asesinados. A algunos los lanzaron a los abismos de 1.000 metros de profundidad. Recuperar sus cuerpos fue imposible. De acuerdo con Medicina Legal, las víctimas fueron torturadas, desaparecidas o mutiladas (en especial las mujeres). Sobre los desplazamientos, registros institucionales de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) indican que alrededor de 3.000 personas abandonaron El Naya. 

Para Lizeth Montero, abogada de tierras de la CCJ, este hecho “sigue en impunidad por el esclarecimiento de los sucesos y el ofrecimiento a las víctimas”. Aún no hay una cifra certera de cuántos muertos dejó la masacre ni se han promulgado condenas a aquellos señalados por los ‘paras’ en el marco de Justicia y Paz: miembros de la Fuerza Pública del Batallón Pichincha, adscrito a la Tercera División del Ejército Nacional; empresarios y políticos del Valle del Cauca, y Policía.


“Se sumó un proceso de estigmatización contra los pobladores, quienes fueron ampliamente señalados por medios de comunicación y altos funcionarios del gobierno nacional como colaboradores de la guerrilla”


¿Qué ocurrió después?

El Bloque Calima se desmovilizó en el 2004. En el marco de la ley 975 de 2005 y ante el Tribunal Superior de Cundinamarca en el año 2012, 66 paramilitares del bloque confesaron y contaron cómo perpetraron la masacre. Según sus declaraciones e investigaciones de la Fiscalía, algunos miembros de la Fuerza Pública ayudaron a los ‘paras’: les dieron armamento y uniformes, y permitieron su libre movilización por el departamento. En esa misma instancia, mencionaron los nexos con empresarios y políticos del Valle del Cauca.

Sin embargo, el cese al fuego no fue sinónimo de desarrollo o de entrada del Estado a la región. El tiempo en El Naya es inmutable y 19 años después todo sigue igual. La comunidad debe transitar por vías no carreteables, ir en expedición a la montaña para conseguir agua y esperar que la planta de energía funcione para tener luz.

A pesar de los vestigios del dolor y las ausencias, veinte familias campesinas decidieron reclamar y recuperar sus tierras. Algunas son campesinas y otras campesinas indígenas, según su etnia y modo de vida, pero todas fueron víctimas de desplazamiento forzado y desaparición por la masacre. Aún exigen su reconocimiento como sujetos políticos y de derechos.

Desde el 2019, la CCJ acompaña el proceso de las víctimas del Alto Naya. Lizeth hace énfasis que, en este caso, no se habla de despojo sino de abandono forzado. A pesar de los desplazamientos, el Bloque Calima no se apropió de las tierras. La abogada de la CCJ recuerda que los ‘paras’ no lograron asentarse en la región. 

La Comisión asegura que las víctimas no cuentan con respaldo estatal ni garantías para asegurar la tierra ni permanecer en ella. Es más, muy pocos han sido beneficiarios de ayudas humanitarias.


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Foto: © Eduard Hoyos

Lucha por la tierra

El Naya es un punto perdido entre la selva vallecaucana y el color verde. Lizeth comenta que es un corregimiento, con una única cédula catastral, identificado como baldío. “La información geográfica que existe es muy poca. Esto es tierra de nadie”, cuenta Lizeth. Y en tierra de nadie, todo sigue intacto. Aún no hay notarías o despachos judiciales. Los consejos comunitarios, los cabildos y las Juntas de Acción Comunal ejercen la justicia local y reparten las tierras. Todo se hace a la usanza campesina.

Ante la precariedad documental, la CCJ decidió hacer una cartografía social para recuperar testimonios y pruebas. Los habitantes decían que su casita “estaba al lado de la de tal vecino”, “al lado de tal árbol” o era herencia de sus padres. Las respuestas demostraron que certificar los derechos de propiedad y la ubicación exacta de los predios es todo un desafío. En su tarea, la CCJ recurrió al Instituto Geográfico Agustín Codazzi para identificar los terrenos mencionados por las víctimas. No obstante, el Instituto alegó que no tiene información de la vereda, por esto no existe en los registros oficiales.

Sin importar los desafíos judiciales y la falta de títulos, la CCJ representa y acompaña a las veinte familias que esperan regresar. El 21 de febrero de este año, presentó una solicitud para incluirlas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzadamente, de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Ese es el primer paso para volver.

La respuesta a la petición, según los cálculos de la abogada, podría tardar tres meses. Si bien la emergencia sanitaria por el covid-19 perjudica el ritmo judicial, el proceso ya tenía dificultades relacionadas con el orden público. En el Norte del Cauca las disidencias de las Farc, las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) y los Grupos Armados Organizados (GAO) se disputan el control del territorio y de la economía ilícita.

Como en el 2001, aún hay miedo en El Naya. Las víctimas lideran procesos de retorno inciertos e incluso los líderes comunales han sido amenazados por su trabajo. La inseguridad ha frenado las jornadas de cartografía social y las visitas al Cauca. En medio de este panorama de indiferencia y violencia sistemática, la CCJ hace memoria y alza su voz. Define la situación como un saldo en rojo por parte del Estado. Por eso, exige justicia y espera que pronto se garantice el “derecho de esta comunidad a la tierra, a la justicia y al pleno goce de sus derechos”.

En un escenario optimista, Lizeth cuenta que la sentencia podría darse en unos dos o tres años. Con ella, habría dos posibilidades: una restitución prevalente que brinde garantías materiales y jurídicas a las familias y determine su posición como propietarios; o unas compensaciones por equivalencia para aquellos que no quieran regresar a El Naya y prefieran recibir un predio de igual condición o valor al que perdieron. Ahí comienza otra etapa tortuosa. “Cuando se tiene la sentencia empieza un litigio largo y doloroso, que es lograr su cumplimiento”, dice la abogada.

Mientras tanto, la CCJ continúa con sus exigencias y con la “aventura jurídica”, como la define Lizeth. Abogados, trabajadores sociales y funcionarios respaldan el regreso de una comunidad que nunca ha tenido medidas dignas de reparación integral. El retorno, además de significar una acción, representa un ejercicio independiente de resistencia cultural y territorial. Veinte familias esperan volver y escribir un nuevo renglón en medio de la guerra, la indiferencia estatal y la precariedad que, por 19 años, ha permanecido indeleble.


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