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Nacional

Acceso a la Justicia y Conciliación en Equidad: Horizontes y Perspectivas (I)

¿Por qué debería preocupar aún más la falta de fe en la Justicia en Colombia?

  • Mario Córdoba Ordoñez

  • 4 febrero, 2020

Para nadie es un secreto que una de las instituciones que tienen menor credibilidad en Colombia es la de la administración de justicia. No solo los estudios nos muestran unas estadísticas contundentes de estos bajos niveles de confiabilidad del sistema judicial, sino que es inocultable que en el compartir cotidiano, cuando se trata del tema de la aplicación de la justicia por parte del Estado, los calificaciones que van acompañadas de estas reflexiones colectivas, evidencian que los ciudadanos no encuentran la respuesta que se supone debería existir, al hora de que este aparato estatal asuma su responsabilidad en materia de administración de justicia y resolución de conflictos.

La administración de justicia es sin lugar a dudas, uno de los presupuestos esenciales del Estado Social de Derecho. Gracias a ello, se protegen y se hacen efectivos las libertades, los derechos y las garantías ciudadanas. Además, cuando el sistema funciona, permite que, de manera permanente se puedan construir los escenarios adecuado para alcanzar la convivencia social, manteniendo la concordia sobre las bases de un orden económico y social determinado. Sin embargo, para el logro de estos objetivos, es fundamental consolidar la confianza de los ciudadanos en esa administración de justicia, y de esta manera, reafirmar el permanente compromiso de miembros de la sociedad, con el propio funcionamiento del aparato estatal.

Desarticulación entre lo Nacional y lo Local.

Sin embargo, se presenta una situación muy particular a la hora de materializar esa obligación por parte del Estado. Mal que bien, existen políticas desde el nivel nacional para tratar de fortalecer el sistema de justicia en el resto del territorio nacional, sobre todo si estamos hablando de la Rama Judicial, y de los intentos que se hacen, tanto desde el Consejo Superior de la Judicatura, como desde el Ministerio de Justicia, para fortalecer el aparato de justicia estatal, e incluso para aumentar la oferta de operadores de justicia, con la puesta en marcha de los llamados MASC (mecanismos alternativos de solución de conflictos) a través de una serie de programas estructurados con ese objetivo, desde el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Esas políticas e iniciativas generalmente no tienen el mismo impulso en el territorio, es decir, en donde se supone que se presentan las necesidades de acceso a la justicia. Salvo algunas excepciones, las entidades territoriales no se involucran de lleno en el desarrollo de esas políticas e incluso las perciben como ajenas a su propia naturaleza. Para la mayor parte de los alcaldes y gobernadores, la Justicia, es una obligación exclusiva tanto de la Rama Judicial, como del Gobierno Nacional.

Eso trae como consecuencia, que se ha vuelto una constante, la confusión entre Justicia y Seguridad. Se ha considerado que la sola presencia y el “control” por parte de la fuerza pública, de determinada zona del territorio nacional es el objetivo con el cual, se puede afirmar la presencia del Estado, y desarrollar sus instituciones. Si bien es cierto, con ello se cumple con el primer paso, para el cumplimiento del contrato social, también está el punto, en que precisamente luego de establecida la Seguridad, es indispensable e inmediato, que la Administración de Justicia empiece a funcionar, y de esta manera legitimar, de manera permanente, esa presencia de las autoridades públicas en el territorio.

Son muy pocos entes territoriales los que tienen secretarías de justicia, por ejemplo, con lo cual quedaría evidenciado que existen al menos en teoría, la idea de generar ciertos niveles de responsabilidad política por parte de las administraciones locales. Asimismo, en el escenario de la opinión pública y del escrutinio ciudadano, la presión para que se materialicen acciones concretas para solucionar necesidades jurídicas insatisfechas, a veces brilla por su ausencia. Lo anterior posiblemente, como reflejo de esa visión de exclusividad en el cumplimiento de obligaciones institucionales, sólo en cabeza de las autoridades nacionales.

Si se quiere en algún momento volver realidad el tan necesario ejercicio de la descentralización, es fundamental reconocer en los entes territoriales como actores fundamentales del tema del acceso y el mejoramiento al sistema de justicia. No se trata, como se ha hecho hasta el momento, de crear leyes para asignarles obligaciones, sin que esa multiplicación de responsabilidades para alcaldes y gobernadores, se traduzca también en la asignación de nuevos recursos o herramientas para el cumplimiento de dichas obligaciones.

Es claro que debemos considerar que, dentro de la estructura de la institucionalidad local, el tema de justicia debe tener un papel protagónico, al lado de otros igualmente importantes, como el acceso a la salud y la educación, o el fomento de manifestaciones culturales o deportivas. Eso sería el punto de inicio para que podamos potenciar aún más el espacio local en el escenario de soluciones a las necesidades de acceso a la justicia, sobre todo por parte de las personas que habitan los inmensos pero marginados espacios rurales, a la otra Colombia, a que un día debe llegar también el Estado Social de Derecho.

En ese ejercicio, el Estado podrá contar de entrada, que no estará solo en ese gran propósito. Cuando hablamos de la necesidad de hablar de la potenciación del espacio social local como el ámbito generador de movimientos, y de procesos de resolución de conflictos propios de la comunidad, observamos que es ahí donde se aplican las reglas propias de las costumbres, del sentido común y la aplicación sincrética de las reglas del Estado.

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