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Nacional

Acceso a la Justicia y Conciliación en Equidad: Horizontes y Perspectivas (II)


  • Mario Córdoba Ordoñez

  • 4 febrero, 2020

Potencialidad de la Justicia Comunitaria en General, de la Conciliación en Equidad, en Particular.

Ese vasto universo de reglas, costumbres, y formas particulares de convivencia, aún por terminar de explorar, analizar y potenciar, es lo que se ha denominado la Justicia Comunitaria, la cual podemos conocer y apreciar, gracias entre otros, a trabajos como los desarrollados en Colombia por el Profesor de la Universidad Nacional, Edgar Ardila Amaya. La Justicia Comunitaria será sin dudas el vehículo más eficaz para reproducir el territorio, la filosofía garantista y los postulados esenciales que ha sido considerados como un avance para la sociedad colombiana, y que están inmersos en la Constitución de 1991.

En ese ejercicio consensual, voluntario y exento de formalidades legales, vislumbramos al mismo tiempo, en la Conciliación en Equidad como una forma cultural de resolución de conflictos. En ese punto, el origen mismo de la figura se pierde en la dimensión del espacio y el tiempo dentro de los diferentes tipos de población que conviven en nuestro espacio nacional, por ello la discusión que plantea la justicia comunitaria y su relación con la C.E. es la de potenciar el espacio comunitario como el futuro espacio autónomo de la resolución de conflictos y a partir del reconocimiento del Estado, del futuro administrador autónomo de la administración de justicia en el espacio local.

 

A partir de la Ley 23 de 1991 se comienzan a desarrollar las posibilidades que tiene un líder comunitario en la resolución de los conflictos de su propia comunidad. Con la influencia de la escuela de la negociación en la concepción jurídica de la figura, además de la amplia tradición cultural que trae esta figura de resolución de conflictos, podemos observar cómo el horizonte de los MASC se amplía a las nuevas perspectivas de la transformación, restauración y de justicia social presentes en las tendencias mundiales de las escuelas de mediación y resolución de conflictos.

Este tipo de Conciliación, concebida como un Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos, a partir del artículo 116 de la Constitución Nacional, las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 575 de 2000 y 743 de 2002 que, entre otras, forman el marco legal de conformación de la Conciliación en Equidad como el mecanismo de resolución de conflictos en el espacio comunitario más antiguo que se conozca en el país. En la Conciliación en Equidad, un líder comunitario de amplio reconocimiento y de connotadas calidades es postulado por alguna organización cívica de su barrio, corregimiento o vereda, para ser nombrado como tal por parte de la autoridad judicial de mayor jerarquía del sitio donde vaya a ejercer su labor.

Este nombramiento tiene carácter permanente por la calidad ad honorem que tiene este nombramiento (a excepción de una eventual sanción por la cual puede ser objeto por determinadas circunstancias determinadas en la Ley) y no hay necesidad de hacer convocatoria a elecciones cada cierto tiempo.

Para llegar hasta el nombramiento, los candidatos a Conciliadores en Equidad, deberán atender a un proceso de formación que obedezca a la colaboración que hace la Dirección Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia, en la selección de estos candidatos. La actuación del Conciliador en Equidad se llevará a cabo dentro de los principios de gratuidad, celeridad e informalidad que establece la Ley. Y también actuará en aquellos conflictos considerados como Conciliables, Desistibles y Transigibles, aunque sin límite de cuantía.

Su actuación podrá llevarse a cabo por solicitud de alguna de las partes (no tiene que ser expresamente por petición conjunta) y el Conciliador en Equidad procurará que sean las mismas partes las que solucionen el conflicto presentado a través de las diferentes fórmulas de arreglo que se propongan en la audiencia de conciliación, la cual tendrá los mismos efectos que una sentencia judicial.

Sí una de estas fórmulas en aceptada satisfactoriamente por las partes involucradas en el conflicto presentado, el acuerdo llegado y consignado en el Acta de Conciliación, levantada por parte del Conciliador en Equidad, tendrá los mismos efectos que una Sentencia Judicial proferida por un Juez de la República. Los Conciliadores en Equidad, por mandato legal, deberán contar con la asesoría técnica y operativa del Ministerio de Justicia.

Para implementar la Conciliación en Equidad, solamente es necesaria que la organización cívica que postule los candidatos a ejercer esta figura, tenga en cuenta un proceso de formación para estos candidatos, para cuya selección contará con la colaboración del Ministerio del Interior y de Justicia, quien viene liderando desde las instituciones del Estado, la implementación de esta figura desde hace más de doce años. Sí una autoridad local, desea implementar este Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos, puede contar con la asesoría técnica de este Ministerio, con cuyo apoyo en este momento, se están llevando a cabo la mayoría de procesos de Conciliación en Equidad en formación y difusión.

Es en la Conciliación en Equidad donde la visión jurídica debe ser complementada con la lectura del contexto social que puede ser aportado por profesionales de disciplinas distintas a las del Derecho. Este es precisamente el espacio de desarrollo hacía nuevas formas conceptuales de interpretar la realidad del conflicto y de encontrar más oportunidades para el necesario desarrollo de los Mecanismos Alternativos.

Con lo anterior entonces, con la Conciliación en Equidad, en particular en las comunidades rurales de nuestro país, encontrarán la forma perfecta de articulación entre una figura plenamente reconocida por el Estado, y al mismo tiempo, una instancia que respeta los usos, costumbres y las normas sociales construidas por el colectivo, a lo largo de su existencia, y que son las que ha permitido en muchos casos, consolidar experiencias exitosas de convivencia -y por consiguiente sobrevivencia- de estas comunidades a los efectos negativos de la presencia de grupos armados ilegales.

De esa manera, será claro, que, para recuperar la confianza en la justicia, no será necesario conseguir presupuestos imposibles, ni tener que pensar nombrar jueces en cada rincón del territorio. Será en el reconocimiento del carácter diverso del que habla nuestra Carta Política, la que nos dará la clave para el verdadero postconflicto.

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