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Santander de Quilichao, Cauca

¿Cómo devolver la fe en la justicia donde ha regido la violencia?

© Carlos Julio Martínez / SEMANA
  • Daniela Larreondo-Fundación Tengo Ganas

  • 22 julio, 2020

Los Comités Locales de Justicia (CLJ) son espacios donde las autoridades administrativas, operadores de justicia y algunos sectores de la sociedad civil (que representan mujeres, población LGBT, afros, indígenas y campesinos) dialogan, coordinan y planean acciones reconociendo las necesidades de justicia en cada territorio para asegurar respuestas efectivas y oportunas. El Programa Justicia para una Paz Sostenible (JSP) de USAID ha apoyado y acompañado la creación de ocho (8) CLJ para promover y facilitar el acceso a la justicia en el norte del Cauca. 

Como parte de la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno de Colombia y las Farc, el Programa JSP ha fortalecido procesos que favorezcan la eficiencia, efectividad y respuesta oportuna de procesos relacionados con justicia en los territorios más afectados por el conflicto armado.

En total, 45 municipios hacen parte de esa priorización, ocho de ellos se encuentran en la zona norte del Cauca. Uno de esos municipios es Miranda, donde, como tantos lugares del departamento, el rigor de la guerra ha dejado huellas imborrables. Pero como aseguran sus habitantes, “ya es hora de que a este municipio se lo vea en las noticias no por informaciones relacionadas con el conflicto sino por avances significativos en la construcción de paz” . Por eso para el Programa de Justicia, Miranda es uno de los referentes para la implementación de estrategias como los Sistemas Locales de Justicia (SLJ), que se basan en un trabajo colaborativo entre Estado y comunidad. 

Para Alejandro Ausecha, secretario de Gobierno de Miranda, los SLJ son espacios de coordinación interinstitucional que permiten, especialmente al ciudadano, acercarse a todos los actores de justicia (administrativa, formal, comunitaria, propia), incluso a las mismas organizaciones y por supuesto a la administración municipal. “En Miranda, el Comité Local de Justicia está conformado por la Personería Municipal, jueces de la República, delegados de la Fiscalía, la Comisaría de Familia y la Inspección de Policía, participan los conciliadores, y lo que más destaco es la participación de las comunidades étnicas, es decir las autoridades de los resguardos indígenas y las comunidades afro a través de los Consejos Comunitarios”, dice Ausecha. 

Para el secretario, las sesiones del Comité son importantes desde su alistamiento, constitución, funcionamiento y por supuesto, lo que se busca: la sostenibilidad. De ese apoyo técnico del Programa de Justicia, resalta el acompañamiento y la promoción de jornadas de capacitación para los funcionarios, la inclusión de la línea de justicia en el Plan de Desarrollo. El logro más importante es la capacitación de más de 20 conciliadores en equidad, líderes comunitarios que median de manera oportuna en las problemáticas de la comunidad logrando procesos de conciliación sin congestionar los estrados judiciales y evitando mayores desgastes e inconvenientes. 

Adela Solarte, una de las cuatro autoridades del resguardo indígena Cilia la Calera, del municipio de Miranda, ella participa en las sesiones del Comité Local de Justicia como representante de las comunidades indígenas y también como representante comunal. Solarte destaca que las juntas de acción son los espacios más cercanos para congregar a la población y acercarla a la justicia.

“Hoy en día hacemos parte del Sistema Local de Justicia de Miranda porque sabemos que es un espacio para seguir unidos como municipio y para fortalecernos. Los resultados han sido muy positivos, pues se ha logrado atender casos que estaban represados, avanzar en atención a niños, niñas, mujeres y población LGBT. Creo que, pese a las carencias que pueda haber, estamos acercando la justicia a nuestra gente, dice Solarte.

Sin duda el compromiso de la actual administración municipal ha sido fundamental para el avance y la consolidación de este CLJ, y así lo manifiesta Anyela Gutiérrez, enlace de justicia de Miranda: “Este es un espacio muy importante porque nos da la oportunidad de articular esfuerzos y generar estrategias para poder garantizar el acceso a la justicia a la comunidad mirandeña, estamos cumpliendo con el plan de acción. Si nos dicen que somos ejemplo es porque tenemos funcionarios muy dispuestos a trabajar por el municipio y líderes de la comunidad aportando y participando activamente”.

Al igual que Miranda, en Santander de Quilichao, Buenos Aires, Corinto, Caldono, Caloto, Jambaló y Toribío, gracias al acompañamiento y apoyo técnico de JSP, los municipios cuentan con un Comité Local de Justicia creado y funcionando, y con su Plan de Acción aprobado, donde se han proyectado y ejecutado diversas actividades como capacitaciones en temas de violencia de género, rutas de acceso a la justicia para población LGBT, Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos y justicia propia.  

La contingencia del coronavirus no ha sido impedimento para que estos espacios de coordinación interinstitucional se realicen, ya que las sesiones de los CLJ se siguen desarrollando de manera virtual.

De acuerdo con cifras del Programa JSP, entre abril y junio del 2020 se han realizado tres sesiones virtuales de seguimiento a la ejecución de los planes de acción de los CLJ, que han arrojado los siguientes resultados: Miranda 15%, Buenos Aires 9,6% y Jambaló 10,5%. De igual forma, se ha logrado la formulación de 6 planes de acción de los CLJ de Buenos Aires, Caloto, Corinto, Toribío, Santander de Quilichao y Jambaló, donde se han incluido actividades como seguimiento a la ejecución de los temas de justicia incluidos en los Planes Municipales de Desarrollo, seguimiento a la ley 1257/2008, elaboración del reglamento interno del CLJ, establecimiento de protocolos de articulación entre Justicia Especial Indígena y Justicia Ordinaria; entre otros. 

Sin duda, el apoyo y acompañamiento técnico de este programa de cooperación internacional ha sido importante para el logro de estos avances, pero el reto está en las administraciones locales para lograr su sostenibilidad y seguir optimizando el acceso a la justicia en estos territorios. 

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