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¿Cómo es el proyecto de ley que busca crear la especialidad agraria?


Justicia Rural (J.R.): ¿De qué se trata la especialidad agraria?

Juanita López (J.L.): La especialidad agraria es la creación de jueces especializados para resolver los problemas alrededor de la tierra y se crea alrededor de la jurisdicción ordinaria, con cabeza en la Corte Suprema de Justicia y conflictos entre particulares, y en la justicia contenciosa administrativa, en cabeza del Consejo de Estado. Para esto, se crearán jueces especializados para resolver los conflictos, en una y otra justicia. Deben ser sujetos cercanos a la comunidad y que tengan arriago.

J.R.: Desde el año 1957, e incluso desde antes, se ha tratado, infructuosamente, de instaurar la especialidad agraria. ¿Qué tiene este proyecto que no hayan tenido los anteriores? ¿Cuál es su principal aporte a la justicia?

J.L.: Sí, son siete intentos desde 1957 para la creación de jueces especializados. Incluso, se habló en algún momento de jurisdicción que era crear toda una estructura agraria. Este intento es diferente por el contexto en el que nos encontramos. Este proyecto pretende saldar una deuda histórica con los campesinos del país y se crea en cumplimiento del punto 1.1.8 del Acuerdo de Paz, donde se estipula una mayor agilidad para solucionar las controversias alrededor de la tierra, de las más antiguas que han aquejado a Colombia. En segundo lugar, hemos aprendido las lecciones de esos fracasos anteriores. Estamos planteando un modelo más sencillo y ágil para el proceso y el despacho como tal, privilegiando los Métodos Autocompositivos (MASC). Además, el último intento que fue el proyecto del gobierno anterior, pretendía que se diera en el marco del Acuerdo. Es decir, por justicia transicional. Sin embargo, estas controversias superan lo que han surgido del conflicto. Por eso estamos planteando una oferta de justicia permanente, no para un tiempo específico.

J.R.: En la propuesta hay una figura y es la del facilitador. ¿Qué papel jugarían, a quién reemplazarían y qué perfil tendrían?

J.L.: El facilitador es una figura que se ha implementado en México y Guatemala de manera muy eficiente y exitosa. Son personas que tienen arraigo, que son líderes comunitarios y que por eso generan confianza. Esa confianza permite que lo guíen en la vía de acceso a la justicia para solucionar su conflicto, o si llega a un proceso judicial, o si quiere resolver ese conflicto de manera amistosa. Es una figura nueva en el país que también responde a un clamor y a unas demandas de la justicia local y rural, donde los líderes que también son conciliadores ayudan a sus comunidades a saber cuáles son sus derechos y los apoyan en el proceso judicial. Por ejemplo, el simple hecho de que me tenga que acercar a un juzgado, asusta. Generalmente, hay una barrera que me separa de ese funcionario judicial. Mucho más si hablamos del juez. Queremos acercar la justicia al ciudadano. Entonces, el facilitador es clave porque es el puente entre el ciudadano y la justicia.

El 66% de la población de menores ingresos considera que los servicios de justicia son muy costosos.

Foto: © Archivo SEMANA

J.R.: Hoy en día hay unas estructuras de trabajadores en los despachos: el juez, citador, secretario, oficial mayor. ¿Cómo cambiarán estas estructuras de aprobarse el proyecto? ¿Influiría?

J.L.: Claro. Además de la figura del facilitador, que ese puente, queremos que el despacho en sí sea distinto, que sea mucho más sencillo. Para eso, en primer lugar debe haber un conciliador adscrito al despacho. Es decir, una persona formada en la resolución pacífica de conflictos, que haga parte del despacho y sea la puerta de entrada. Lo primero que me encuentro es un conciliador que me ayuda a resolver el conflicto de manera amistosa. Si no, me embarco dentro del proceso judicial que también será sencillo pero que esperamos sea una alternativa y no la primera opción.

J.R.: Es decir, ¿es la persona que guía?

J.L.: El facilitador será el primero en guiar al ciudadano cuando se acerca a la institución. Si no quiso facilitar, llegan al juzgado y lo primero que se deben encontrar es a un conciliador. El conciliador dice que lo acompañará para resolver de manera pacífica el conflicto con la contraparte. Por ejemplo, con un vecino que tiene un problema de linderos. Supongamos que por esa vía no se pudo, entonces inicia el proceso judicial. Se presenta una demanda, se admite y sigue el curso del litigio.

Por otro lado, y para hacer más sencillo lo que ocurre en el despacho, queremos que existan ayudas tecnológicas. Suena raro si hablamos de la ruralidad, pero no. Cada día más las aplicaciones se usan más y gran porcentaje de la población, esté donde esté, tiene un celular. Queremos plantear una facilidad para que se den por medios virtuales, si es posible. Si no, no queremos que sea una barrera de acceso. Otra cosa es tener las demandas pro forma, sin que violen los derechos de los campesinos y que puede ayudar al ciudadano para que la cosa sea más rápido.

Eso genera que, de acuerdo a las necesidades propias de las regiones y de las facilidades que damos en la Ley Estatutaria, se pueda plantear un despacho judicial distinto al usuario, que no sea tan estático y funcione de manera más cercana.

J.R.: Históricamente ha habido unas relaciones asimétricas cuando hay se presenta un lío: el campesino frente al hacendado, frente a la multinacional… ¿Cómo se va contrarrestar esa asimetría histórica para que los sujetos jueguen como pares?

J.L.: Eso es muy importante y lo apostamos a través de los fallos ultra y extra petit y son la posibilidad que el juez tome decisiones y asignar derechos más allá de lo que el ciudadano presenta en la demanda. Precisamente porque no tiene todo el conocimiento técnico, no conoce el alcance o la importancia de las pruebas que tiene. El juez, con los elementos que tienen en el expediente y si ve que el demandante o el demandado no tuvieron conocimiento de sus derechos, puede ir más allá de lo que pidió. Por eso se llama extra petit. Eso genera el equilibro que planteas. Es cerrar las brechas que puedan existir entre los ciudadanos.

Hay algo muy importante y es que el proyecto tiene un punto adicional: las mujeres campesinas, que han tenido históricamente unas brechas importantes en materia de derechos sobre la tierra. Muchas veces se les dificulta demostrar que, junto a su marido o ex marido, tienen derechos sobre la tierra. Por eso hay que flexibilizar los requisitos y las pruebas que hay que aportar a favor de esas mujeres que no pueden tener acceso.

J.R.: Uno de los expertos en derecho agrario, Manuel Ramos, quien lleva 60 años trabajando en esta rama, me explicaba que en la academia el derecho agrario no se le da la relevancia que merece. En las universidades es una materia de segundo orden. ¿cómo propiciar un cambio en esas dinámicas, más si se aprueba este proyecto de ley?

J.L.: Eso es parte del reto. En efecto, la discusión doctrinal en el marco de los siete internos de esta especialización parte si se debe entender que el derecho agrario es autónomo al derecho civil. Parte de lo que planea el Ministerio de Justicia es que resolvimos o entendimos que eso es un camino especial, que sí puede guardar unos principios generales de los derechos que les decía (general y contencioso) pero tiene una naturaleza muy especial que responde a esa especialidad que necesitan los campesinos para el acceso a la tierra. No es un derecho desconocido. Es un derecho antiquísimo que se ha mezclado en su formación con el derecho civil pero que no ha dejado de ser parte de formación de los abogados. El reto es que el Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial sean capaces de escoger e incidir en la formación de jueces especializados en materia agraria, que no creo que sean inexistentes. Hay que empezar a formar con mucho más ahínco. Ahí el Ministerio de Justicia tiene el compromiso con el MinEducación para que en los pénsum se haga más énfasis. El reto inmediato es formar a personas especializadas para esto.

El proyecto de ley de especialidad agraria es una de las grandes apuestas del Ministerio de Justicia y la exministra, Margarita Cabello.

Foto: © Cortesía Ministerio de Justicia

J.R.: Este juez estará centrado en tierras y no tanto en pleitos entre vecinos, tutelas y demás. ¿Es así?

J.L.: Sí. Queremos que sea un juez concentrado en resolverle el conflicto al campesino o la campesina. No podemos distraerlo y por eso queremos que la primera instancia esté cerca de los zonas rurales. Que puedan abrir el despacho los domingos, porque es el día cuando los campesinos pueden ir, el resto de días están trabajando.

En la planeación, tuvimos una discusión sobre si se incluía el tema ambiental, pero solo la incluimos si incide en el tema agrario. Puede que algo sea del tema agrario o solo del ambiental, pero no es todo lo que tenga que ver con lo ambiental. Es un tema muy amplio, pasa con el derecho de los animales o con los temas que tienen que ver con los centros urbanos. No queremos correr ese riesgo. El Congreso de la República tendrá la palabra sobre eso pero queremos concentrar a este juez en los problemas sobre la tierra para los campesinos y campesinas.

J.R.: ¿Qué ocurre con los temas étnicos?

J.L.: Este proyecto crea la especialidad agraria para todos los ciudadanos y por ende, el juez también debe ser capaz de entender cuando hay personas de grupos étnicos acudiendo a esta oferta judicial. Eso lo determina el caso concreto, pero el enfoque diferencial también incluye el tema de asuntos étnicos, teniendo en cuenta que los pueblos tienen su jurisdicción especial.

J.R.: ¿Incluirán el tema de los baldíos?

J.L.: Sí, es un tema complejo pero también será parte de los jueces dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa. Estos conflictos pueden ser entre particulares, por lo que será competencia del juez agrario en la jurisidicción ordinaria, y también podrán ser conflictos con el Estado, que el ejemplo perfecto son los baldíos. Ahí tendrá un rol la Agencia Nacional de Tierras, desde lo administrativo, pero el conflicto lo resolverá desde lo judicial el juez agrario en primera instancia. Luego irían el Tribunal y finalmente el Consejo de Estado. Otro de los aspectos que ha sido un problema histórico es la falta de información catastral en el país. Esa es una de las metas transformacionales: lograr implementar el Catastro Multipropósito. Pero el catastro sin tener una oferta de justicia suficiente puede quedarse corta, por eso vamos en paralelo con esas dos estrategias para que cuando el conflicto se vuelva judicial, el juez lo entienda y tenga un catastro implementado que le dé la información suficiente para entender el conflicto.

J.R.: ¿Qué perfil debe tener este juez agrario? 

J.L.: Debe tener competencias en derecho agrario y conocimiento sobre cómo se establece la propiedad, el uso y la tenencia de la tierra, que son tres formas diferentes en las que la persona se aproxima a un predio. El juez no puede tener sólo formación civil, sino que debe entender las lógicas con las que el campesino se acerca. Esa fue la decisión de política pública. Eso implica ciertos retos, pero en el país cada vez los abogados son más integrales. El derecho constitucional también es importante. Ese perfil es importante porque va a dialogar con la comunidad, no puede ser un juez detrás de la baranda. Trabajará con ayuda del facilitador, debe saber resolver los conflictos y debe tener conocimiento en temas constitucionales.

J.R.: Entonces, ¿está bien pensar en una unión entre los MASC y la justicia ordinaria?

J.L.: Sí. Por ejemplo, están los jueces de paz y los conciliadores en equidad. Siempre ha habido un reto en el sector justicia y en la política pública que ha trabajado el Ministerio desde hace varios años y es lograr acercar la justicia ordinaria o la rama judicial con esos métodos alternativos. Muchas veces se ha planteando a través de un debate, como una dicotomía, y creen que es como si se quisiera privatizar la justicia. Ha habido cierta desconfianza porque sienten que se estuviera desplazando. Sin embargo, ha venido evolucionando cada vez más y entendiéndolo de manera diferente porque puede generar descongestión y es una forma diferente de acceder a la justicia. Esto es un ejemplo perfecto de cómo pueden confluir esa justicia comunitaria y los MASC, con la justicia ordinaria. Seguramente muchos conciliadores en equidad, que hoy están habilitados por el ministerio, pueden ser los facilitadores porque ya han resuelto problemas. Ahora podrán ser reconocidos por la ley estatutaria. Es una conexión que ojalá se replicara, que la primera opción sea conciliar en vez de echarse encima un litigio.

J.R.: ¿Ha habido alguna resistencia frente al proyecto?

J.L.: Creo que el proyecto es un ponderado que le apunta a los campesinos pero no desconoce el debido proceso. El extra petit no significa que se van a anular los derechos de la otra parte sino que voy a equilibrar el proceso. La resistencia se podría dar por eso, por la creencia de que le darán una asignación inmediata por el simple hecho de ser campesino y no, no será así. Igual no se puede desconocer ese desequilibrio que existe. No es un proyecto que debería generar demasiada controversia porque genera seguridad jurídica en el país, contribuye a bajar la conflictividad tan alta en este tema e iría de la mano con el Catastro Multipropósito. Esperamos que salga adelante en el Congreso y tengamos la mejor ley para los campesinos.


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