En algunas regiones del país, el acceso a la justicia sigue siendo un desafío. Para analizar esta situación, Corpovisionarios hizo la Encuesta de Acceso a la Justicia y la aplicó en 12 municipios, priorizados por el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID (JSP): El Charco y Tumaco, por Nariño; Puerto Asís y Valle del Guamuez, por Putumayo, Santander de Quilichao y Caldono, por Cauca; Tadó e Istmina, por Chocó; Turbo y Apartadó, en Antioquia, y Tierralta y Montelíbano, en Córdoba.
Corpovisionarios visitó algunos municipios, incluyó a un equipo de trabajo en formación y usó una base de datos general y otras locales. Aplicaron dos métodos de investigación: el cuantitativo y el cualitativo. En total, entrevistaron a 4.612 ciudadanos y 77 servidores públicos.
Sin embargo, el inicio de la cuarentena impidió realizar todas las entrevistas de manera presencial. Alcanzaron a hacer algunas jornadas entre febrero e inicios de marzo, pero el trabajo restante se limitó al contacto telefónico. Hubo varios retos: el número no correspondía al municipio, la línea no estaba disponible o la persona no contestaba, era menor de 14 años o estaba alejada del casco urbano. En otro escenario, algunos respondían pero rechazaban la entrevista porque temían ser víctimas de extorsión o amenazas. En Puerto Asís, Santander de Quilichao y Tumaco, el número de afectados por estos delitos supera el promedio nacional. Otros pensaron que serían beneficiarios de ayudas estatales y colgaban al saber que se trataba de una encuesta. La mayoría de municipios se encuentran en los dos grupos con mayor índice de pobreza multidimensional en Colombia. El menor porcentaje es 24%, de Santander de Quilichao, y el mayor, 76% de El Charco, Nariño.