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¿Cómo se percibe la justicia en los municipios más vulnerables del país?


En algunas regiones del país, el acceso a la justicia sigue siendo un desafío. Para analizar esta situación, Corpovisionarios hizo la Encuesta de Acceso a la Justicia y la aplicó en 12 municipios, priorizados por el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID (JSP): El Charco y Tumaco, por Nariño; Puerto Asís y Valle del Guamuez, por Putumayo, Santander de Quilichao y Caldono, por Cauca; Tadó e Istmina, por Chocó; Turbo y Apartadó, en Antioquia, y Tierralta y Montelíbano, en Córdoba.

Corpovisionarios visitó algunos municipios, incluyó a un equipo de trabajo en formación y usó una base de datos general y otras locales. Aplicaron dos métodos de investigación: el cuantitativo y el cualitativo. En total, entrevistaron a 4.612 ciudadanos y 77 servidores públicos.

Sin embargo, el inicio de la cuarentena impidió realizar todas las entrevistas de manera presencial. Alcanzaron a hacer algunas jornadas entre febrero e inicios de marzo, pero el trabajo restante se limitó al contacto telefónico. Hubo varios retos: el número no correspondía al municipio, la línea no estaba disponible o la persona no contestaba, era menor de 14 años o estaba alejada del casco urbano. En otro escenario, algunos respondían pero rechazaban la entrevista porque temían ser víctimas de extorsión o amenazas. En Puerto Asís, Santander de Quilichao y Tumaco, el número de afectados por estos delitos supera el promedio nacional. Otros pensaron que serían beneficiarios de ayudas estatales y colgaban al saber que se trataba de una encuesta. La mayoría de municipios se encuentran en los dos grupos con mayor índice de pobreza multidimensional en Colombia. El menor porcentaje es 24%, de Santander de Quilichao, y el mayor, 76% de El Charco, Nariño.

Nociones de justicia

Si les preguntan qué es justicia, el 61% de los encuestados piensa en la verdad y en el diálogo por encima del castigo. Si acuden o han acudido a una institución judicial, el 85,9% prefiere una actitud conciliadora que punitiva. Contrario a lo que se cree, prefieren una decisión justa, así no les convenga, que una decisión a su favor.

Sin embargo, la justicia en los territorios aún debe atender otros desafíos, como la asistencia a los Sistemas Locales de Justicia (SLJ). De 4.612 ciudadanos, el 49,9% no ha acudido a alguna institución para solucionar sus problemas. El alto índice de inasistencia se debe a desconocimiento, malos tratos o diferencias entre los servidores y los ciudadanos.

Sobre el primero, los ciudadanos no tienen certeza sobre a qué institución deben dirigirse para solucionar sus problemas. Mucho menos, sobre los pasos a seguir para denunciar o informar algún delito. Algunos, por cercanía, acuden a las autoridades judiciales, como la Policía o la Comisaría, pero en ciertas ocasiones no les brindan una solución clara.

Hay quienes se arriesgan y visitan alguna institución. Allí pueden esperar un largo tiempo o recibir información que resulta confusa y hasta contradictoria. En muchas ocasiones, los servidores públicos suponen que el ciudadano ya debe estar informado, mientras que el este último espera que el servidor lo informe. En ese momento, muchos SS.PP les sugieren que se acerquen a la “institución correcta para solucionar sus conflictos”, sin tener la garantía de que el ciudadano sabe cómo hacerlo.

En caso de acudir a alguna institución, hay ocasiones en que los servidores públicos y ciudadanos no se entienden. Los unos creen que los otros tienen una actitud hostil o que el otro es el responsable del conflicto. A eso se suma que sus prioridades son distintas: mientras que los SS.PP creen que deben ser rápidos y ágiles al atender, los ciudadanos lo consideran como su última prioridad. Ellos prefieren el buen trato y la amabilidad, una de las debilidades de los SLJ.

Según la encuesta, tan solo el 39,2% de las personas se sintieron bien o muy bien al acudir a una entidad estatal, y el 32%, al hacerlo en las instituciones judiciales. Los ciudadanos mencionan la escucha activa, la atención sin prisas y una información certera y transparente. Sobre todo, que el buen trato va más allá de la amabilidad. Debe incluir la facilidad para conocer las rutas de atención, entender los procesos, y comprender el estado emocional de quienes acuden al SLJ. Algunos ignoran que las personas pueden ser víctimas de Violencia Basada en Género (VBG), del desplazamiento o del conflicto armado. Por eso, su recelo o prevención al ser atendidos. Corpovisionarios concluyó que, en ciertos casos, el sistema falla en comprender las particularidades del ciudadano.

Aparte de ser un complemento para el JSP y para las políticas públicas del Ministerio de Justicia, los resultados de la encuesta son una oportunidad de mejora. Si bien el trabajo del Programa JSP y de los servidores locales ha ayudado a disminuir las brechas y las necesidades jurídicas, el acceso a la justicia en el país sigue siendo un reto.

Más que incrementar las cifras y disminuir la desconfianza judicial, el reto es armonizar y reconocer la importancia del otro. Pensar en colectivo es necesario para fortalecer la relación entre la ciudadanía y las instituciones. Por eso, tanto Corpovisionarios como el JSP esperan que los resultados de la encuesta sean un incentivo para aumentar la participación en instancias locales, que tan solo alcanza el 8,6%, y para recurrir más a los Métodos Autocompositivos para Solucionar los Conflictos (MASC), de los que solo el 22.4% de los encuestados ha escuchado.

Con fortuna, las nociones de justicia no son estáticas. Cada visita e intervención judicial es un chance para cambiar las opiniones desfavorables. Pensar en colectivo es necesario para construir y fortalecer la relación entre la ciudadanía y las instituciones. No señalar qué está bien o mal sino crear espacios de diálogo y pedagogía para favorecer la conciliación. Sobre todo, entender que el acceso a la justicia es un compromiso de todos.

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