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Consejo de Estado hablará en wayuunaiki

El alto tribunal empezará a emitir sus fallos en al menos 10 lenguas nativas: ocho indígenas y dos afro. También traducirá el Código de Procedimiento Administrativo.

Por primera vez en la historia del país, los fallos del Consejo de Estado se traducirán al Kogui, el Creole, el Tatuyo y otras siete lenguas indígenas y afro. La iniciativa, en cabeza de la hasta hace unos días presidente del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, busca que las comunidades tengan más herramientas para defender sus derechos y sus intereses. “Nuestra meta con este proyecto -dice Bermúdez- es acercarnos a las comunidades para que conozcan nuestro trabajo y las decisiones que adoptamos en sus lenguas, tan oficiales en nuestro país como lo es el español”. 

La Constitución de 1991 declaró inalienables, imprescriptibles e inembargables las tierras comunales de los grupos étnicos, las de resguardo y los sitios ancestrales. También les otorgó a las comunidades el derecho de integrar el Congreso de la República y reconoció la Jurisdicción Especial Indígena como una autoridad judicial legal.


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Hoy, casi 30 años después de firmada la Constitución, el Estado da un paso fundamental al traducir a otras lenguas las decisiones judiciales que se dictan desde lo contencioso administrativo. El proyecto piloto, que ya está al aire, es la traducción de la página web del Consejo de Estado a ocho lenguas nativas indígenas: ikun, kamËntsá, kogui, nasa yuwe, tatuyo, uitoto, wiwa, wayuunaiki. Y dos lenguas afro: creole y luénga ri palenge

En la página web se explica, con recursos multimedia como videos y audios, cómo opera y está constituida la justicia, así como el funcionamiento de las diferentes cortes en Colombia. La idea es realizar el mismo proceso de actualización en las redes sociales. 

La Constitución de 1991 declaró inalienables, imprescriptibles e inembargables las tierras comunales de los grupos étnicos, las de resguardo y los sitios ancestrales.

Foto: © Archivo Semana

¿Qué dicen los actores?

Justicia Rural contactó al líder indígena nasa Carlos Urbano, quien aunque manifestó no tener mucha claridad respecto al proyecto, cree que la iniciativa beneficiará a las comunidades indígenas del país porque los acerca a “un trabajo en conjunto con el Estado y sus diferentes organismos. También permitirá que haya una verdadera coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia especial indígena”.

El Coordinador de Defensa de la Vida y Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Jhoe Sauca, declaró que para su organización “es fundamental que las propuestas, especialmente relacionadas con la preservación de la cultura como la lengua indígena, sean de construcción propia, pues una situación es la traducción literal y otra la interpretación de acuerdo al contexto de cada comunidad indígena”. 

Sauca considera que es necesario realizar la adecuación institucional y garantizar la participación de las autoridades indígenas y sus estructuras representativas.  “Necesitamos -afirma- que respeten nuestros procesos y formas de vida. No desconocemos que estos mínimos esfuerzos garanticen un camino, pero llevamos mucho tiempo esperando que se tomen decisiones de forma y de fondo”.


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La magistrada Bermúdez explicó que las reuniones que convocaron previamente al lanzamiento del proyecto se llevaron a cabo con traductores oficiales de cada comunidad. Ellos consultaron con sus autoridades en cada territorio y solicitaron el permiso para hacer la traducción.

Aparte de las reuniones, en 2019 se desarrollaron 13 encuentros regionales, denominados Justicia Abierta, Multicultural, Participativa y Transparente. En esos encuentros el Consejo de Estado expuso la iniciativa. Y en diciembre del mismo año, durante el Sexto Encuentro de la Jurisdicción Especial Indígena, se presentó el sitio web ante autoridades de las comunidades indígenas que asistieron.

Para las comunidades afro del país, el proyecto supone un avance para el reconocimiento de sus derechos y su cultura ancestral. Marino Córdoba, presidente de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), considera  que la decisión “fortalece la autonomía, los procesos culturales y permite la superveniencia de lenguas nativas de los pueblos étnicos”. 

Córdoba opina que el siguiente paso es que los grupos étnicos animen al resto de instituciones del Estado a encaminarse en la misma dirección: buscar medidas que protejan la cultura y las lenguas nativas como un patrimonio. “Creo que estamos avanzando en la dirección que establece la Constitución”.

Lenguas de Colombia

Colombia es uno de los países con más comunidades indígenas en Latinoamérica. El Censo Nacional de Población y Vivienda (DANE, 2018) indica que en el país existen 1,9 millones de ciudadanos pertenecientes a cerca de 84 etnias, las cuales representan el 4,4% de la población.

La misma entidad indicó que hasta el año 2018 la población negra sumaba 4.671.160 personas, entre afrocolombianos, raizales y palenqueros. Esta cifra equivale al 9,34% de la población del país. 

Según el Ministerio de Cultura, en el país existen dos lenguas criollas habladas por afrodescendientes: la primera es el creole, de base léxica inglesa con elementos europeos (francés y español), se habla principalmente en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo se estima que tiene cerca de 4 millones de hablantes en el Caribe. La segunda, el Ri Palengue, es de base léxica española. Se habla en San Basilio de Palenque, Cartagena y Barranquilla, donde residen cerca de 7.470 personas que se autoreconocen como palenqueros. Según el DANE, solo 2.788 de ellas hablan la lengua.

Dis ruling fah di Consejo de Estado deh fit in justice to wii di piiple from di archipelago of San Andres because it recognize wi as original piiple ethnically» en creole significa «Este fallo del Consejo de Estado hace justicia a la gente del archipiélago de San Andrés ya que nos reconoce como un pueblo étnico originario«. (Kent Francis James)

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