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‘Defender y liderar’: ¿qué ocurre con los defensores en Colombia?

© Archivo SEMANA

Mientras no cesen las violaciones y continúen la impunidad, la injusticia y la ausencia de garantías, hay que seguir documentando y visibilizando los casos”, dice Andrea Becerra, coordinadora del área de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). Su frase alude a los 184 ataques contra líderes y defensores de derechos humanos en Colombia, entre el 1 de enero hasta el 31 de julio de este año. Ejercer el liderazgo en el país supone una labor de alto riesgo.

Como un análisis a estas afectaciones, la Comisión Colombiana de Juristas coordinó el informe El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales en las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia, un documento que denuncia, visibiliza, reconoce y dignifica la defensa de los derechos humanos de las personas, organizaciones y pueblos. Andrea Becerra afirma que el documento obedece a dos razones principales. La primera, a la continuación de violaciones a los derechos humanos, y la segunda, a una estrategia colaborativa para reconocer cómo se están registrando estas vulneraciones en los territorios.

Este documento fue elaborado por 20 organizaciones nacionales y regionales como la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (Onic), Sisma Mujer, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA) y Colombia Diversa. Andrea Becerra, coordinadora del informe y del área de investigación de la CCJ, afirma que este trabajo colectivo se realizó para incluir los enfoques diferenciales y ampliar la perspectiva sobre el trabajo de estos líderes. El informe recoge datos entre agosto de 2018 y el 31 de julio de este año, periodo en el que registraron 396 violaciones a los derechos humanos de líderes y defensores: 392 homicidios y cuatro desapariciones. Pero este fenómeno no solo trata de cifras sino también de rostros e historias.

Afectaciones diferenciales al defender y liderar

Si bien la CCJ publicó otros dos informes sobre líderes y defensores de derechos humanos (un panorama general en 2017 y otro sobre las formas de victimización en el 2018), el nuevo informe, que se lanzó este miércoles, incluye el enfoque diferencial. Este año, la Comisión incluyó las categorías étnicas y de género para reconocer que las mujeres, las comunidades indígenas y afrocolombianas, los campesinos y las personas LGBTI han sufrido estos hechos de manera particular.

Carolina Mosquera, investigadora de Sisma Mujer, afirma que es necesario que el enfoque de género sea algo transversal en los informes sobre afectaciones a los derechos humanos. Esto permite entender la gravedad de los ataques contra las mujeres y dejar de lado comparaciones entre géneros, una medida que minimiza las agresiones.

Otro problema son los estereotipos sexistas que limitan o invisibilizan la labor de las mujeres, así como los apelativos de “crímenes pasionales” o “líos de faldas” que también subestiman las agresiones contra las lideresas y defensoras. “En ocasiones, las actividades que realizan son subvaloradas o invisibilizadas, o son etiquetadas bajo roles discriminatorios que reproducen la idea de las mujeres como cuidadoras. Entonces no están defendiendo sino “cuidando””, dice Mosquera.

De acuerdo con sus cifras, durante el periodo de estudio del informe hubo tres homicidios de mujeres afro, 21 indígenas, 12 mujeres reconocidas como campesinas y una mujer lesbiana, una bisexual y otra mujer trans. En cuanto a la cuarentena por el coronavirus, según la Misión de Observación Electoral (MOE), si bien hubo una leve disminución en las agresiones globales, en los casos de lideresas hubo un incremento del 18,8% respecto al mismo periodo del 2019.

Esta misma estigmatización afecta de manera directa a líderes y defensores LGBTI. Según Maria Camila Arias, integrante de Colombia Diversa, alrededor del 20% de las violaciones de derechos de estas poblaciones corresponden a homicidios y feminicidios. Arias recordó el caso de los panfletos en Soacha que amenazaban con una limpieza social y aseveró que los ataques por prejuicios son los principales enemigos de los ciudadanos LGBTI.

Las personas LGBTI defensoras de derechos humanos enfrentan un doble y, en ocasiones, un triple riesgo: por orientación sexual o identidad de género, por ejercer un liderazgo en un contexto como el colombiano, y por el tipo de liderazgo y derechos que defienden. Más allá de las victimizaciones que sufren, es esencial analizar estos tipos de liderazgo”, Maria Camila Arias, Colombia Diversa.

Por su parte, Germán Valencia, coordinador de la Onic, puso sobre la mesa la necesidad de un cambio de mentalidad del Gobierno y de la ciudadanía en general, así como una mayor pedagogía para entender que los derechos son inalienables al ciudadano sin importar su etnia y su género, como bien lo defiende la Constitución del 91.

Cuando se asesina un líder, se están asesinando muchas cosas. Es descabezar a una comunidad, cercenar el proyecto de vida de un pueblo, matar los anhelos y esperanzas, darnos por donde más nos sentimos. Es crear un vacío, un sinsabor, un sinsentido. Es cuando se deja un barco sin timón”, Padre Emigdio Cuesta, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas.

El riesgo de defender y liderar denuncia, visibiliza, reconoce y dignifica la defensa de los derechos humanos de las personas, organizaciones y pueblos. Este informe hace énfasis en el enfoque diferencial para comprender las afectaciones.

Foto: © Archivo SEMANA

© Cortesía Museo Memoria de Colombia-Centro Nacional de Memoria Histórica

Defender y liderar en los territorios

Durante la presentación del informe, se dedicó un panel de discusión a lo que está ocurriendo en los territorios más apartados del país y que históricamente han vivido el conflicto. Los participantes, en su mayoría, coincidieron en el auge del paramilitarismo, la recolonización, las políticas guerreristas, la estigmatización y la militarización de los territorios. Para Astrid Torres, integrante del Nodo Antioquia de la plataforma de Derechos Humanos Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, es importante que las causas no se reduzcan al narcotráfico sino que el Gobierno entienda las dinámicas que ocurren en los departamentos.

Mientras no se tenga claridad de qué ocurre en los territorios, no se pueden establecer soluciones claras. La construcción del tejido social que realizan los líderes sociales no es del interés del Gobierno colombiano”, José David Córdoba, ASCSUCOR-Sur de Córdoba.

Comprender estos fenómenos, además, permitirá conocer también los impactos de estas violencias. Así quedarán en evidencia consecuencias como la fragmentación de las familias y de los círculos cercanos a los líderes; el desarraigo y el despojo cultural; la vulneración de sus derechos; la ausencia integral de la institucionalidad; el aumento de brechas de pobreza y marginalidad, y el ataque a la democracia misma.

Cuando se ataca a un defensor, a un líder o a una lideresa, se ataca a la democracia”, Astrid Torres, integrante del del Nodo Antioquia de la plataforma de Derechos Humanos Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

Para Andrea Becerra de la CCJ, una de las conclusiones y recomendaciones fundamentales que deja el informe es la necesidad de implementar integralmente el Acuerdo de Paz, que contempla el cumplimiento de las garantías para los defensores y el enfoque diferencial para trabajar con las víctimas, líderes y defensores en los territorios.

Carolina Mosquera, en cambio, menciona que las principales sugerencias son exigir el cumplimiento de las garantías de las mujeres defensoras, llevar a cabo el Programa de Garantías, articular las instituciones a nivel nacional y territorial, y darle un mayor protagonismo a las organizaciones de mujeres, así como acoger sus análisis y recomendaciones.Exigimos respuestas adecuadas y diferenciadas para defender los derechos humanos de las mujeres”, mencionó la investigadora.

“El informe también es una invitación a conocer y profundizar las afectaciones de violencia, que encontremos que no es un fenómeno aislado. Hay pautas y patrones que permiten identificar que hablamos de una violencia con premeditación, con actores específicos, que varían de región en región pero que no son al azar. En medio de estos patrones, se debe discutir qué medidas adoptar para proteger a esta población”, Ana Maria Rodríguez, de la Comisión Colombiana de Juristas. 

Puede conocer el informe El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales en las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia aquí.

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