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Santander del Quilichao, Cauca

El norte del Cauca: donde la justicia indígena y la ordinaria se encuentran

© Germán Izquierdo
  • Daniela Larreondo-Fundación Tengo Ganas

  • 14 julio, 2020

“25 años de cárcel, 10 en centro de armonización y 9 sacudidas para quienes accionaron armas; 5 años de patio prestado y 9 sacudidas a reincidentes; tres años de trabajo comunitario y 41 sacudidas a quienes hacían parte de la escuadra pero no participaron”. Esa fue la “sentencia” más reciente de la Jurisdicción Especial Indígena en el norte del Cauca, en la asamblea en el resguardo de Huellas (Caloto), donde se aplicó el remedio a siete personas capturadas que causaron desarmonía en el territorio.

Han sido varias las experiencias de coordinación interjurisdiccional que las autoridades indígenas del norte del Cauca han desarrollado con autoridades de la justicia ordinaria, evidenciando la articulación y el entendimiento que, a través del diálogo, se ha logrado construir desde el año 2004, cuando se iniciaron los primeros ejercicios de coordinación.

“A mediados del 2004 iniciamos un diálogo con operadores de justicia donde tuvimos los primeros acercamientos y así conocer tanto ellos de nuestra justicia como nosotros de las leyes de ellos para buscar la forma de articularnos y resolver las diversas desarmonías que estábamos viviendo en los territorios y sobre todo contar con ese apoyo técnico de entidades como medicina legal, CTI, para tener evidencias de casos y hechos”, recuerda Héctor Favio Dicue, integrante de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

(Foto: ©Germán Izquierdo )

© Germán Izquierdo

Con la Constitución de 1991 se reconoció el derecho a los pueblos indígenas a su jurisdicción especial, entendida como la facultad que tienen las autoridades de estas comunidades para resolver conflictos al interior de sus colectividades de acuerdo con sus propios procedimientos, usos y costumbres; sin duda, como lo califica Héctor Favio, un paso importante tanto a nivel político como reivindicativo que les ha permitido avanzar y que ahora fortalecen para garantizar la efectividad en algunos procesos.

Desde 2019, el Programa de Justicia para una Paz Sostenible apoya y acompaña a la ACIN en el “fortalecimiento de las capacidades de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y el Sistema Judicial Nacional Ordinario en el norte del Cauca”, el cual nació desde el desafío de desarrollar estrategias que permitan avanzar en el conocimiento práctico de los procesos de aplicación de justicia en las dos jurisdicciones en el marco de la coordinación interjurisdiccional.

En ese proceso los avances han sido significativos. Por ejemplo, se han realizado capacitaciones y se han documentado casos exitosos de coordinación, que se han presentado a la instancia en la que se reúnen representantes de ambas justicias: la Mesa Departamental de Coordinación Interjurisdiccional.

Esta mesa tiene la relevancia de haber puesto en condiciones de igualdad a la justicia indígena con la justicia ordinaria, este reconocimiento de ambas partes ha sido fundamental, pues hablando entre iguales se generan procesos muy importantes y valiosos”, dice Albeiro Napoleón Tobar, Fiscal de Derechos Humanos del Cauca e integrante de la Mesa.

(Foto: ©Santiago Ramírez Baquero )

© Santiago Ramírez Baquero

Otra de las instituciones con las que se ha logrado avanzar significativamente en esa coordinación es el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que ha puesto a disposición de las comunidades del norte del Cauca los servicios que presta la institución.

“Medicina Legal les ha permitido a las autoridades enriquecer sus investigaciones con un soporte científico, tanto en el análisis de evidencias como en las necropsias y valoraciones medicolegales de presuntas víctimas y agresores, buscando tomar las decisiones más acertadas en los casos que manejan, explica Judy Cristina Hernández, directora seccional de Medicina Legal en el Cauca.

Sumado a eso, en el marco de esta articulación se han realizado diversas capacitaciones a los funcionarios del Instituto de Medicina Legal en cuanto a la atención diferencial para los casos que maneja la Justicia Especial Indígena y habilitación de los sistemas para la documentación de tales casos. También se han realizado acercamientos con el CRIC y con los resguardos para socializar el portafolio de servicios del Instituto de Medicina Legal y la forma de acceder a ellos. Por último, se han coordinado capacitaciones conjuntas con otras entidades para explicar uno a uno los alcances de los análisis que se realizan en los laboratorios.  

Judy Cristina añade que “desde el año anterior también se está realizando un diplomado para asistentes forenses en coordinación con la Universidad del Cauca de manera gratuita, capacitando a miembros de población indígena que realizan estas funciones en sus resguardos, formándolos en nuestra sede de Popayán para apoyar los procedimientos medicolegales”.

Para Medicina Legal y la Fiscalía compartir en estos espacios con la población indígena ha sido muy valioso: interactuar en consultas bilaterales frente al manejo de las problemáticas locales, ajustar sus servicios a las necesidades particulares de los pueblos, y hablar directamente con las autoridades para explicarles los hallazgos documentados en un informe de manera que lo puedan transmitir en una asamblea a su comunidad. 


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