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Chocó, Colombia

El virus nos llegó hace rato


Fotografía: © Comisión Interétnica de la Verdad de la región del Pacífico

Secretario general de la Comisión Interétnica de la Verdad de la región del Pacífico. Líder social de Bojayá, Chocó.

 

En mayo se confirmaron ya tres muertes por COVID-19 en el municipio de Unión Panamericana, que nosotros llamamos Las Ánimas, en Chocó. Luego han ido apareciendo nuevos casos en el departamento después que se reportara la primera paciente positiva, una enfermera del hospital San Francisco de Asís. La alarma no puede ser mayor, teniendo en cuenta la crisis estructural de servicios básicos que tiene la región

Sólo contamos con tres Unidades de Cuidados Intensivos y una capacidad de 28 camas para atender a medio millón de personas. La infraestructura de los centros médicos está en pésimo estado, no hay elementos de bioseguridad para médicos y enfermeros, no hay servicio de lavandería y actualmente se presentan retrasos y moras en el pago de la nómina del personal de salud  del Hospital de Tadó y el San Francisco de Asís en Quibdó. Si más del 65% de las viviendas en la región no cuentan con servicio de acueducto y alrededor del 80% de la población se encuentra vinculada al régimen del Sisbén, imaginemos entonces el posible escenario cuando la epidemia se salga de control.

El Departamento del Chocó tiene una población aproximada de 516.000 habitantes en sus cinco subregiones: el bajo Atrato y Darién, el medio y alto Atrato, la costa pacífica, el río San Juan y el río Baudó. Lugares majestuosos engalanados con ríos, selvas, pájaros y manglares, llenos de diversidad biológica, étnica y cultural, pero al mismo tiempo remotos y de muy difícil acceso, donde la presencia institucional es muchas veces nula. 

Es una región cuya riqueza es su tragedia. El oro, el platino, el cobre, se contradicen con el empobrecimiento de los moradores a lo largo de los ríos y en lo profundo de las selvas, donde a muchos hogares no llega la conexión eléctrica, y tampoco la señal de telefonía o televisión; abunda el agua pero no hay acueductos para hacerla potable. Quedarse en la casa, como nos recomiendan por estos días para evitar el contagio del virus, es imposible, ya que la limpieza de los chócoros o utensilios domésticos debe hacerse en ríos y pozos.

El Chocó, y en general todo el Pacífico, también están entre las regiones del país que más han sufrido el impacto de la violencia, sumado a que presenta los mayores indicadores de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas del país. El ciclo de violencia, la continuidad del conflicto armado y la precaria capacidad del Estado para atender problemáticas estructurales como el acceso a salud, educación, justicia y la protección de comunidades en riesgo son una amenaza igual a la crisis sanitaria que ahora se perfila. Allí donde mueren personas por paludismo, mordeduras de serpientes, anemia, diarrea, desnutrición porque no existe red hospitalaria está llegando el COVID-19 para desnudar la desigualdad colombiana. 

No es cierto que el virus ataque a todos por igual, como se dice por ahí: a los pobres les está yendo más mal porque no tienen ahorros para aguantar el confinamiento, porque no tienen recursos para afrontar la crisis, porque no tienen cobertura de salud en sus pueblos o municipios. Tumaco, una de las ciudades más pobres del país que además es fronteriza con el Ecuador, es un claro ejemplo de ello. La gente vive del diario y no pudo respetar la cuarentena por un dilema muy sencillo: acatar el confinamiento era morirse de hambre. Ahora hay más de cien casos confirmados en ese municipio del Pacífico nariñense y varios muertos, entre ellos dos sacerdotes que estaban socorriendo a las comunidades en esta coyuntura. Los dos hospitales públicos del municipio estaban en crisis desde antes de la pandemia, ninguno contaba con unidades de cuidados intensivos adecuadas para tratar a los pacientes graves, ahora han colapsado, la propia alcaldesa de la ciudad confirmó que ya no tienen cupo para más pacientes, pues los servicios de hospitalización están copados. Muchos morirán y ni siquiera entrarán a ser parte de las estadísticas, pues la pandemia se ha convertido en otra excusa para que muchos funcionarios no vayan a las comunidades y no cumplan la función social del Estado.

A la ruralidad colombiana siempre la va más mal cuando de derechos se trata. En plena pandemia escuchamos que el gobierno con el presidente de la república a la cabeza se da el lujo de gastarse 3.300 millones para mejorar su imagen en redes sociales, mientras las comunidades de las veredas, las selvas y montañas no tienen ni para un acetaminofén. Recursos si hay, pero ¿para quién son? ¿Para qué y cómo se utilizan? El gobernador encargado del Chocó, Jefferson Mena, no lleva ni un mes en el cargo y ya anunció que va a impulsar un megaproyecto de puerto en Tribugá que hará más ricos a los empresarios y más pobres a los chocoanos, cuando lo que la gente necesita no son puertos, ni megaobras, sino cosas tan sencillas como un puesto de salud, una escuela bien dotada, la garantía de un trabajo acorde con sus costumbres y tradiciones.

Y además sigue ahí nuestra vieja enfermedad: la guerra. Durante la cuarentena se ha registrado un incremento de acciones bélicas por parte de la Autodefensas Gaitanistas, el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC. Regiones como Bojayá, Riosucio, los ríos San Juan y Baudó, Nuquí y Juradó, Tumaco y Guapi en la costa pacífica, son epicentro de la disputa. Hoy hay más de 15 mil personas cuyo confinamiento por la guerra ya existía antes de la cuarentena, niños, niñas, mujeres embarazadas, adultos mayores, comunidades indígenas y afrocolombianas sometidas a una restricción alimentaria. Lo único que tienen seguro es que sus cuerpos están débiles, sin como aguantar la arremetida de esta pandemia.

El Chocó y el Pacífico necesitan con urgencia un plan de choque para enfrentar la crisis social y humanitaria, pero esto debe hacerse en el marco de una salida negociada del conflicto armado. Hacerlo es posibilitar un alivio humanitario a la descomunal violencia que padecen los habitantes. Con ello no se le hará un favor a los alzados en armas, pero si estaríamos quitándole esa condena a muerte con la que conviven a diario estas comunidades. A nosotros el virus nos llegó hace rato.

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