Desmonte de estructuras ilegales

Andrés Chica, director de Cordobexia, mencionó a uno de los principales enemigos de la región: el paramilitarismo, que cercenó las libertades de los cordobeses y ha tenido varios efectos que aún son visibles. Recordó la fundación de las AUC, en cabeza de los hermanos Castaño, y el surgimiento de la parapolítica, otro enemigo que aún echa raíces en el lugar: “Es necesario que exista un plan operativo y territorial del desmonte del paramilitarismo y sus redes de apoyo. Esa es la columna vertebral de la paz estable y duradera”.

Por su parte, Miguel Ceballos, Alto Consejero presidencial para la Paz, mencionó los avances en el esclarecimiento de estos hechos violentos. En cuanto a los líderes, el porcentaje alcanza el 57,25% de los casos; y en los reincorporados, el 50,5%. En cuanto a los hechos que investiga la Fiscalía, han logrado esclarecer 393 casos. 47 de ellos corresponden a mujeres, por lo que Ceballos menciona la importancia del enfoque de género para tratar el conflicto y la violencia en el país.

Medidas de protección con enfoque étnico

La comunidad y la institución mencionan que, hasta el momento, se han identificado cinco rutas de protección colectiva y se han impartido 33 esquemas de seguridad en el departamento. Sin embargo, el enfoque étnico y el fortalecimiento de la justicia propia siguen a medias. La capacidad de las Guardias Indígenas y Cimarronas de la región no da abasto para proteger a la comunidad. Hasta el momento solo se han adelantado procesos colectivos en los resguardos Chamas, Río Zenú y Alto San Jorge.

Programas y políticas de protección de líderes y lideresas a nivel territorial

La Procuraduría resalta que los primeros responsables de la situación local son los entes territoriales. No obstante, la comunidad y sus representantes cuentan que en Córdoba la institucionalidad no brinda respuestas ni políticas concretas de protección. Para Yulieth Guzmán, lideresa de la Red de Mujeres por la Paz de Córdoba, es indispensable que se actualice el plan integral de prevención departamental y que se destinen más recursos para la protección y reconocimiento de líderes: “Le pedimos al Mininterior, la Alta Consejería y las autoridades territoriales que reconozcan nuestra labor para ejercerla”.

En cuanto a la Gobernación, Orlando Benítez mencionó que el actual Plan de Desarrollo departamental prioriza las acciones y medidas necesarias para impartir justicia y obtener la paz que tanto anhela la comunidad. Con esto, atenderán las problemáticas: “Córdoba vive su propio posconflicto desde el 2005, año en el que se firmó el acuerdo con las AUC. Desde allí debimos iniciar la reparación social, la presencia institucional y la inversión”.

Reclamaciones por la tierra, territorios e informalidad rural

Rosmy Rojas, presidente de la Asociación departamental de campesinos de Córdoba, comentó que varios compromisos pactados con los campesinos se quedaron en el papel. Por ejemplo, los acuerdos con la Agencia Nacional de Tierra no han llegado a un término y muchos no han podido recuperar sus predios o acceder a los beneficios de los programas. Rojas se dirigió a la Procuraduría para que regule las labores de la Agencia y otras instituciones, como la Unidad de Víctimas.

“La problemática por el acceso a la tierra es inmensa. Hemos perdido vidas valiosas de dirigentes campesinos. Queremos que el artículo 64 de la Constitución, sobre el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, sea una realidad”, Rosmy Rojas, presidente de la Asociación departamental de campesinos de Córdoba.

Orlando Sierra, de la Mesa de Víctimas de Tierralta, mencionó que la alta informalidad de los predios es un gran factor que propicia el despojo de tierras. Como alternativa, propone una Mesa de Tierras para revisar la titulación, formalización y restitución de tierras. Para ello, los campesinos y víctimas demandan la participación de la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales.

“El rentismo provoca problema en los territorios de comunidades indígenas, campesinas y afro, donde se adelantan proyectos mineros, ganadería extensiva y construcción de infraestructura que destruyen los pueblos”, Orlando Sierra, la Mesa de Víctimas de Tierralta.

Presencia de grupos armados ilegales, reclutamiento, violencia sexual y extorsiones

Rosa Amelia Hernández, integrante del consejo comunitario Ana Fabricia Córdoba, mencionó que los planes de acción también deben incluir las zonas rurales. Rosa Amelia recuerda que, por un tiempo y gracias a un policía, la seguridad mejoró y los grupos armados ya no intimidaban a la comunidad. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho porque trasladaron al policía y el funcionario que lo reemplazó ahora pasa desapercibido. Rosa Amelia comenta que la Policía y el Ejército deben tener formación en derechos humanos para acompañar a la comunidad y apoyar con la seguridad. 

“Hago un llamado a las autoridades para que no sean ajenas a nuestras problemáticas. Estamos pasando por una muy mala racha. Con inversión social podemos empezar a solucionar nuestros problemas”, Rosa Amelia Hernández, integrante del consejo comunitario Ana Fabricia Córdoba.

Para el Consejero Presidencial para la Seguridad y la Convivencia, Rafael Guarín, es importante que las medidas de protección tengan un enfoque multidimensional:  políticas de seguridad con derechos humanos, defensa y seguridad, e implementación de los municipios PDET y las Zonas Futuro. “Para el gobierno del presidente Duque el problema central es que no hemos terminado de construir la nación y el Estado. Eso se traduce en un déficit de garantías de los derechos humanos y de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades”, dijo.

Otra alternativa son las Mesas Territoriales. El director Ricardo Arias, de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, contó que el objetivo son 19 mesas territoriales en el país. Hasta el momento van seis, pero esperan cumplir pronto con las jornadas pendientes. 

“Debemos involucrar a los líderes que no han tenido la oportunidad de participar con el Gobierno, que han trabajado con organizaciones locales pero no han tenido visibilidad, Ricardo Arias, Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. 

Por último, Carlos Camargo, reiteró el compromiso que adquirirá desde el próximo 1 de septiembre, cuando iniciará su labor como Defensor del Pueblo. Mencionó que fortalecerá el sistema de las Alertas Tempranas, impulsará los espacios de diálogo como La Mesa por la Vida y trabajará para recuperar la confianza institucional.

“Hay que derrotar la impunidad y demostrar con hechos que el Estado lucha contra la ilegalidad pero también contra la inequidad, la pobreza y el olvido para garantizar efectivamente los derechos económicos, políticos y sociales de los ciudadanos”. Carlos Camargo, director de la Federación Nacional de Departamentos.

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