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Tumaco, Nariño

Hacinados y arrinconados por la pandemia: así es vivir tras las rejas en Colombia


Era común que ratas, palomas, iguanas y otros animales se ahogaran en los tanques que surtían las duchas de la cárcel Rodrigo de Bastidas, en Santa Marta. Como quien cumple un penitencia para lograr la absolución, Cristina Cantillo se bañó con esa agua turbia y pútrida durante 14 meses. Ella, una mujer transexual, tuvo que convivir con 148 hombres en una de las prisiones con mayor hacinamiento del país. Hoy, libre y convertida en una líder social, trabaja por la dignidad de los internos de Magdalena. 

Entre los muchas problemáticas desveladas por la pandemia de la covid-19, figura la crisis carcelaria. Los números indican que en Colombia la sobrepoblación en los centros de reclusión es dramática. El porcentaje nacional de hacinamiento supera el 36 por ciento. Las regiones con los índices más altos son Guajira, con un 309 por ciento; Magdalena, con un 235 por ciento; Cesar, con un 104 por ciento, y Chocó, con un 101 por ciento. El sobrecupo total es de 29.000 presos, lo equivalente al aforo del estadio de fútbol de Bucaramanga. 

Cristina vivió el hacinamiento en la prisión de Santa Marta, adonde llegó en febrero de 2016 acusada de hurto agravado, un delito del que se declara inocente y que tilda de “falso positivo”. A pesar de ser mujer transexual, y de que la prisión tiene un patio para mujeres, desde el primer momento fue tratada como un hombre: “Detención intramural para Cantillo Martínez Wilfrido”, dijo el juez antes de que Cristina fuese recluida en el patio 10.

De rejas para adentro, aprendió que en la cárcel todo cuesta. Pagaba un arriendo de $600.000 por su celda y $5.000 semanales para el mantenimiento del patio. Para cubrir los gastos, bordaba día y noche almohadas y peluches que luego vendía a los familiares de los demás reclusos. Afuera, su mamá recolectaba el dinero y se lo entregaba cuando iba a visitarla. 

 

Cristina es vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Familiares y Amigos de Personas Privadas de la Libertad, que lucha por la dignidad y los derechos de los reclusos en Santa Marta.

(Foto: © Archivo Particular)

En la cárcel no había suma de dinero que comprara una comida decente. A las 11.00 a.m. los presos armaban la fila para el almuerzo más triste del mundo. Todos sabían que cuando llegara el turno de recibir su comida les esperaba un pollo mal cocido, una arepa fría, una ensalada agria.

Cristina salió de la cárcel en 2017. Después de tres años, nada ha cambiado. La situación en el penal es la misma que en ese entonces, o peor, pues ahora se vive con el miedo de que el coronavirus llegue al penal, donde, embotados de hastío y sudor, soportando temperaturas por encima de los 30 grados, 1.191 reclusos se amontonan en los diez pasillos de una cárcel cuyo cupo es de 312 internos.

Lejos de Santa Marta, en Tumaco, la situación es aún más grave. El hacinamiento en la cárcel de Bucheli supera el 80 por ciento. Aunque su cupo es de 274 internos, hoy viven en el penal 512, de los cuales 82 están infectados de covid-19.  Por si fuera poco, ninguno está aislado. Todos conviven, sin ningún distanciamiento, con los demás internos. El médico de la cárcel, Leandro Montaña, afirma que los internos que dieron positivo firmaron una carta en la que se negaban a entrar en cuarentena. Las charlas y las capacitaciones sobre el coronavirus no han servido de nada: hoy no hay aislamiento en la cárcel de Tumaco. 

El centro de reclusión del municipio, una construcción de 60 años, tiene desgastes de infraestructura y un problema histórico de servicio de agua. En febrero de 2019, 31 internos se contagiaron de paludismo, un brote relacionado con los altos niveles humedad y las filtraciones. Con frecuencia las alcantarillas se taponan y las aguas negras cubren el suelo. Cuando eso ocurre, los internos van y vienen, sin rumbo, con un colchón a cuestas y un río pútrido cubriendo sus pies. 

Javier Augusto Sarmiento Olarte, Director General Encargado de la Uspec y Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, cuenta que en Tumaco “se encuentra en ejecución un contrato, con énfasis en el tema hidrosanitario, que pretende la construcción de un tanque de bombeo agua potable. Así mismo, el mantenimiento y operación sistema de tratamiento de agua (PTAR), el cual esperamos desde la USPEC esté culminado a finales del año 2020”.

Sarmiento afirma que se están ejecutando obras -suspendidas transitoriamente por la covid-19– que contemplan, entre otras obras, la instalación de tuberías, mallas de seguridad, cambio de puertas, realce de muros y  adecuación de un cuarto de basuras. Este último punto es urgente, pues en la cárcel denuncian que el manejo de los desechos no es el adecuado y sobre las basuras desbordadas bailan nubes de mosquitos.


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En la cárcel de Tumaco con frecuencia las alcantarillas se taponan y las aguas negras cubren el suelo.

(Foto: © Archivo particular )

El viceministro afirma que el hacinamiento es, sin duda, uno de los principales retos del sistema carcelario. Según explica, para mitigarlo se expidió el Decreto 546, “mediante el cual, desde una visión global de medidas ordinarias y transitorias derivadas de su expedición, se ha reducido el hacinamiento en más de 13 puntos porcentuales, concediéndose detención y prisión domiciliaria transitorias, libertades y prisiones domiciliarias ordinarias, para más de 15.000.personas”.

El decreto ha recibido muchas críticas, entre las que se cuenta la de 35 profesores de derecho penal de América y Europa, y 72 más de instituciones colombianas. Para los juristas, el decreto es insuficiente y no contribuye de manera significativa a mejorar la calidad de los reclusos del país. 

El reto de bajar la sobrepoblación en las cárceles es enorme. La página del Inpec muestra que 16 departamentos presentan hacinamiento crítico y 6 más hacinamiento medio. En el mapa, solo el croquis de Tolima aparece coloreado de verde, lo cual indica que es el único departamento sin hacinamiento. 

Para Cristina, su paso por la cárcel significó cambiar de vida. Antes de ser condenada, tenía una discoteca en la comuna 5 llamada Avenida Brasil. Allí, el retumbar de los picós hacía estallar los vidrios de los vecinos y volcaba los adornos de sus mesas. Como es de suponer, la gente del barrio no la quería. 

Hoy preside la fundación Calidad Humana, que trabaja por la población vulnerable, así como víctimas de violencia sexual, desplazamiento y de desaparición forzada. Además, es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Familiares y Amigos de Personas Privadas de la Libertad, que lucha por la dignidad y los derechos de los reclusos en Santa Marta.

En la cárcel Rodrigo de Bastidas, en Santa Marta 1.191 reclusos se amontonan en los diez pasillos de una cárcel cuyo cupo es de 312 internos.

(Foto: © Archivo particular )

Su trabajo como defensora de derechos humanos le ha traído enemigos. Ya he recibido dos atentados, pero ella asegura que nadie la hará callar. De la cárcel le quedó la costumbre de bordar a mano, un oficio que lleva en la sangre, pues su madre es modista. A su padre, electricista de profesión, le costó trabajo aceptar que su hijo Wilfrido se convirtiera en Cristina. Solo el tiempo borró los prejuicios, y hoy padre e hija se quieren y respetan.

Cristina sigue luchando por la dignidad los reclusos. Hace poco ganó una tutela gracias a la cual se impidió que el director de la cárcel trasladara a un grupo de presos de un patio a otro, en una medida que aumentaba el hacinamiento y violaba los derechos fundamentales de los internos. 

En tiempos de covid-19, el peso de las malas administraciones, los desfalcos al erario y la corrupción son más visibles que nunca. Incluso quienes están privados de la libertad han alzado la voz, como quedó registrado en un video que grabaron dos internos en la cárcel de Santa Marta en el que muestran las deplorables condiciones en que viven. Como ellos, cientos más viven en un encierro asfixiante y con coronavirus rondando.


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