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Jueces para el campo

© Andrés Gómez Giraldo-Revista Semana

Ocurrió el 30 de septiembre de 2019, durante una audiencia de restitución de tierras. La demandante, María René Murillo, una mujer afrodescendiente de 65 años, pedía la restitución de un predio en Chigorodó del que fue expulsada por el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La audiencia se convirtió en un infierno para ella y su defensora cuando, ante la sorpresa de los presentes, el juez Alejandro Rincón Gallego le dijo en tono intimidante a María René: “Señora, esto aquí es judicial, ¿por qué la representan a usted para que restituya un predio que es de fincas bananeras? Más adelante, amenazó con “tirar” a María René y a su abogada a la Fiscalía.

Los hechos de ese día quedaron registrados en video y determinaron demandas penales y disciplinarias contra Rincón Gallego que aún no se han resuelto. Él, mientras tanto, sigue recibiendo procesos por restitución de tierras. La historia de María René, una entre cientos, demuestra que la justicia en los territorios debe transformarse en beneficio de las comunidades. Esto supone un proceso largo en un país donde, de acuerdo con el Índice de Acceso Efectivo a la Justicia, el 70 por ciento de la población considera que la asesoría legal no es necesaria para resolver sus conflictos y, según la Corporación Excelencia en la Justicia, el 84 por ciento tiene una percepción desfavorable del sistema judicial.

Una de las apuestas de la ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello, es el proyecto de ley que crea la especialidad agraria, con el cual se espera saldar una deuda histórica de la justicia con el campo y los campesinos. El proyecto pretende resolver las controversias alrededor de la tierra. El reto es difícil, si se tiene en cuenta que en Colombia el 15 por ciento de las áreas aptas para la agricultura, más de 6,5 millones de hectáreas, han sido despojadas desde 1980.

Los encargados de impartir la justicia en zonas rurales serían los jueces agrarios, con una formación en derecho civil y en derecho agrario. Estos jueces deben conocer las particularidades y necesidades de cada población. Según la viceministra de Justicia, Juanita López, “deben tener arraigo para que la comunidad crea en ellos. (…) Su labor no puede limitarse al despacho sino al trabajo de la mano con la comunidad”.

El proyecto de ley de especialidad agraria es una de las grandes  apuestas de la ministra de Justicia, Margarita Cabello.

Foto: © Archivo SEMANA

De acuerdo con la viceministra, el proyecto “se crea en cumplimiento del punto 1.1.8 del Acuerdo de Paz, donde se estipula tener mayor agilidad en la solución de controversias alrededor de la tierra, de las más antiguas que han aquejado a Colombia en nuestra historia. En segundo lugar porque hemos podido aprender las lecciones de esos fracasos anteriores”.

En Colombia los intentos por crear una especialidad agraria se remontan a 1957, cuando se otorgaron a los jueces facultades para resolver temas entre aparceros y colonos. Desde entonces, se han hecho siete intentos: todos se han hundido.

El actual proyecto de ley supuso un trabajo de dos años. Una de las abogadas que ayudó a trazarlo fue Lorena Garnica, hoy asesora del BID y del Banco Mundial. Para Lorena, “el gran avance de este borrador de jurisdicción es que atiende los dos tipos de legitimidad, el que tiene que ver con el Estado y el que tiene que ver con los civiles. En esa medida ofrece una oferta institucional mixta, en sede civil y en sede de lo contencioso. Así, dependiendo de la naturaleza jurídica del predio o del litigio, si es un litigio contra el Estado o respecto a un bien del Estado se surte en lo contencioso, y si es entre civiles, se surte en lo civil”.

Históricamente, muchos de los procesos judiciales en zonas rurales se dan en condiciones desiguales. Por ejemplo, el pleito de un campesino contra una compañía determina una inequidad en términos económicos y de poder. La idea es que este proyecto equilibre las relaciones entre ambas partes. Que los jueces sean capaces de reconocer cuándo un ciudadano desconoce sus derechos y los conceptos técnicos de su proceso. 

El 66% de la población de menores ingresos considera que los servicios de justicia son muy costosos.

Foto: © Archivo SEMANA

© Archivo SEMANA

El proyecto incluye la figura del facilitador, la primera persona en ayudar a quien necesite asesoría judicial. Según Lorena, la labor del facilitador evitará que los campesinos tengan que pagar los costosos honorarios de un abogado. “La idea es que la propia administración de la justicia se encargue de resolver los conflictos directamente con el ciudadano”, dice Lorena. Y la primera instancia para resolverlos es a través del diálogo y la escucha, sin necesidad de llegar a un litigio.  

Los facilitadores son el puente entre la justicia y la ciudadanía. Su labor ayudará en la descongestión de los estrados judiciales y permitirá mayor agilidad en los procesos. Según la viceministra López, serán un ejemplo de cómo pueden articularse la justicia comunitaria, los Métodos Autocompositivos para la resolución de conflictos y la justicia ordinaria.Muchos conciliadores en equidad que hoy están habilitados por el Ministerio pueden terminar siendo los facilitadores porque ya han resuelto problemas. Ahora podrán ser reconocidos por la ley estatutaria. Es una conexión que ojalá se replicara: que la primera opción sea conciliar”.

El proyecto de ley tiene un enfoque diferencial en la mujer, que representa el 47,2 por ciento de la población rural colombiana. La abogada Paula Villa, directora técnica del área de tierras de la Comisión Colombiana de Juristas, considera este componente un acierto. Sin embargo, alerta que el proyecto no tiene en cuenta a los pueblos étnicos. “Hoy hay 900 solicitudes de tierras pendientes de ser resueltas”, dice.

Una de las voces más autorizadas del derecho agrario es Manuel Ramos, quien lleva más de cincuenta años trabajando en esta área del derecho. Este curtido abogado defiende el proyecto al afirmar que “el problema agrario en el país no lo van a resolver el código civil ni los jefes civiles, pues no están formados para eso ni conocen la legislación agraria”. 

Ya radicado en el Congreso de la República, el proyecto de especialidad agraria debe sortear varias instancias. En los legisladores está la decisión de que por octava ocasión en la historia se hunda o, por primera vez, sea aprobado. Ojalá, como dice Ramos, favorezca al campesinado y ayude a conseguir la justicia social en el campo.

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