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Apartadó, Antioquia

Nervelia Avilez, ‘la abogada de los pobres’


RIO LEON.APARTADÓ URABA-ANTIOQUIA FEBRERO 2 DE 2017. FOTO ALEJANDRO ACOSTA-REVISTA DINERO.
  • Nervelia Avilez

  • 5 septiembre, 2019

Desde los nueve años me decían ‘la abogada de los pobres’. Creo que ese apodo marcó mi destino. No sé si de manera fatal, pero estoy segura de que esa marca me ha valido más de una amenaza. Aun así, uno no puede escapar a lo que le trazan desde la infancia. Y mi llegada a Urabá ya estaba cantada.

Nací en Córdoba, pero desde principios de los 90 mi familia se desplazó a Urabá… El boom de las bananeras, la inversión extranjera y las grandes fincas nos sedujeron a cientos de campesinos que veíamos en la región una mina de oro. Un nuevo Dorado. Yo llegué después de ellos a la Finca Asturias, en donde trabajaba mi hermano. Ese mismo día los grupos ilegales habían herido a un trabajador bananero, pero nosotros no hicimos caso.

Estábamos felices: ¿Cuándo íbamos a pensar que podíamos vivir en campamentos rodeados de trabajadores con sus familias, con la comida y la dormida asegurada, y trabajando en el campo, que era lo que más nos gustaba? Las multinacionales de banano parecían un paraíso en ese entonces, capaces de acogernos a todos y darnos una buena vida.

Pronto advertimos que las cosas no eran así. Esos campamentos parecían más casas de viudas con regueros de hijos que posadas de trabajadores. A comienzos del 2000, los paramilitares, las disidencias del EPL, las Farc y todos los demás grupos estaban en pleno auge. Después entendimos que bajo la cáscara de banano estaban las rutas del narcotráfico y el negocio multimillonario de la guerra. Por eso, a los que de verdad queríamos trabajar nos veían como un estorbo.

Uno a uno los mataron.

Me obsesioné con las viudas, porque ellas creían que la única manera de salir del problema era consiguiéndose otro marido. Les dije que tenían que estudiar, trabajar y lograr cosas por ellas para que pudieran proveerle a su familia y escapar de su círculo de violencia. Les enseñé manualidades para que se entretuvieran y lograran un sustento. Luego hice un taller de ropa interior.

Aunque todavía no era abogada, ya cargaba con mi primera amenaza. Las Farc y las disidencias del EPL me declararon objetivo militar por mi trabajo con las viudas. No querían mujeres empoderadas, que pelearan por sus derechos.

 


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A comienzos de los 2000 diferentes actores armados sembraron el terror en la zona e hicieron que muchas familias fueran desplazadas.

(Foto: © León Darío Pelaez )

Yo era una molestia. Hasta los soldados iban a pedirme asesoría. En ese momento no había oficina de derechos humanos en Urabá. La gente tenía que apoyarse entre sí y contar sus experiencias para saber qué hacer en ciertas situaciones. Además, yo llevaba un tiempo trabajando en la Oficina de desmovilizados del EPL (Progresar). Ahí brindaba consejos y hacía trabajos técnicos para impulsar proyectos productivos y reincorporar a los exguerrilleros a la sociedad. Ese fue mi primer exilio.

Después de esa amenaza, me fui a Medellín. Trabajé diez años en la Empresa de Telecomunicaciones de Antioquia. Pero nunca dejé atender a lo que sucedía en Urabá y de preocuparme por las personas que había dejado allá.

Sin embargo, mi ayuda tenía un límite, pues me faltaban conocimientos jurídicos. Fue entonces cuando decidí estudiar derecho. Me gradué de la Universidad Nacional en 2007. Años después regresé a Urabá para trabajar en el tema que todavía me persigue: la restitución de tierras.

Muchos campesinos creían que después de haber sido desplazados no podían volver a sus fincas, ni reclamar lo que les habían quitado. Muchos se resignaban y optaban por hacer una vida en otras tierras sin un centavo en el bolsillo. Pero, junto con la Fundación Tierra y Vida, les mostramos que podían recuperar lo que los grupos armados ilegales les quitaron.

Esta vez fueron los paramilitares los que me pidieron que me callara. Durante días me persiguió una camioneta. Las autoridades no quisieron recibirme el denuncio, y por supuesto nunca recibí protección. En 2010, tuve que salir de Urabá.

Pero, ya curtida, no estaba dispuesta a dejarme amedrentar (aunque estaba aterrorizada), así que regresé al año siguiente. De nuevo, el círculo vicioso. Esta vez un tipo gigante y malhumorado llegó a mi oficina en la Asociación de Campesinos de Urabá. Mi secretaria le dijo que yo no estaba y él la tiró por las escaleras…Casi la mata. Según me contaron, el hombre quería que le acreditara una tierra y la hiciera pasar por suya. Yo era la única abogada de Turbo y no era raro que me pidieran cosas fraudulentas. Si me negaba, me amenazaban. Pero ese hombre fue más violento que los demás. La denuncia me la recibieron a regañadientes. Hoy todavía no sé en qué va esa investigación.

Solo sé que después de ese caso tenía cuatro o cinco denuncias en mi contra por falsificación en documento privado. Esta misma gente que me amenazaba estaba aliada con el Estado para incriminarme y mancillar mi nombre. Por suerte, todos los procesos en mi contra se archivaron. 

«Fue entonces cuando decidí estudiar derecho. Me gradué de la Universidad Nacional en 2007. Años después regresé a Urabá para trabajar en el tema que todavía me persigue: la restitución de tierras.»

El boom de las bananeras trajo consigo mucha inversión extranjera y muchos colombianos vieron la oportunidad de tener allí una mejor calidad de vida.

(Foto: © David Estrada )

Como si fuera un chiste, cuando ya estaba en Bogotá, mandaron a un fiscal a preguntarme si sabía algo de ese tipo… Desde 2012 la Fiscalía no había investigado nada y ahora me pedían a mí, casi ocho años después, dar con el paradero de mi victimario.

No temo decir que la Fiscalía y muchas entidades públicas estaban cooptadas por el paramilitarismo. Eso lo sabemos quienes hemos vivido alguna vez en Urabá.

A mí me asignaron un “Plan Padrino”, en el que un policía me buscaba casi a diario y me pedía una foto, según él para armar mi carpeta de víctima del conflicto armado. Su intención era que los paramilitares pudieran identificarme para matarme, porque ellos nunca me habían visto, entonces no podían estar seguros de mi aspecto.

Desde entonces he ido y venido a la finca, pero nunca pude volver a quedarme. Aun así, no pierdo mi obstinación por defender a esos campesinos que se rehúsan a abandonar sus predios.

A unos campesinos que asesoré hace poco les dijeron que cuando llegara Iván Duque a la presidencia los iban a sacar de su casa. Y así fue.

Ahora me siento como cuando me desplazaron. Un sentimiento que comparten muchos líderes y defensores de derechos humanos. Otra vez tenemos miedo. Y cómo no, si las presiones no son solo de los grupos armados ilegales sino también de los legales.

Por ejemplo, a la Agencia Nacional de Tierras no le importó que yo fuera víctima, desplazada, madre cabeza de hogar, cuando decidieron terminar mi contrato a la llegada del actual gobierno. La razón: no representar la visión de la Agencia. ¿De verdad?, ¿acaso los abogados de Bogotá que nunca han sufrido el conflicto pueden representar mejor la visión de la Agencia? O, más bien, ¿a mí me castigaron por ser una férrea crítica de las políticas del gobierno?

…Eso ya no importa.

No importa porque no me arrepiento. Agradezco a quien por primera vez me llamo la ‘abogada de los pobres’, ignorante de que con su señalamiento trazaba mi camino: ayudar a los campesinos a ganar sus casos. Porque el miedo nunca superará la alegría de ver a alguien recuperar su tierra y, con ella, también su alma.

Desde entonces he ido y venido a la finca, pero nunca pude volver a quedarme. Aun así, no pierdo mi obstinación por defender a esos campesinos que se rehúsan a abandonar sus predios.


*Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL


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