“Difícil hablar de paz sin hablar de las minorías étnicas”, dijo el entonces director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Peter Natiello, a El Espectador. La entrevista fue publicada el febrero de 2016, meses antes de la firma del Acuerdo de Paz. Sus declaraciones se sumaban al anhelo de miles de afrocolombianos e indígenas que querían participar, pues veían una oportunidad de cambio y una esperanza. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) fueron la voz de las comunidades y expusieron sus propuestas, preocupaciones y la necesidad de quedar incluidos dentro del compromiso de paz que nacía ese día. Su esfuerzo quedó reflejado en el capítulo étnico, en el que los firmantes reconocen la incidencia de los pueblos indígenas y afro en la construcción de la paz. Con él, surgió otra propuesta: la Alianza Interétnica para la paz.
La ONIC y Afrodes crearon la Alianza Interétnica para fortalecer la autonomía, el autogobierno y la construcción de paz de las comunidades indígenas y afro del país. La propuesta está enfocada en dos líneas clave: aumentar la capacidad organizativa de las comunidades en territorio y fomentar la economía propia para la soberanía alimentaria y la autonomía económica. De igual manera, se suma a las intenciones del actual director de USAID, Larry Sacks, de acompañar a los pueblos y garantizar el cumplimiento del Capítulo Étnico. “Orientamos nuestros esfuerzos para seguir defendiendo los derechos humanos de ambos pueblos”, dice Angélica Lesmes, asesora de la consejería de planeación, administración y finanzas de la ONIC.
Ante las necesidades, el alto número de víctimas y la ausencia estatal, Afrodes y la ONIC decidieron hacer equipo con USAID y mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Por ello, la Alianza se concentra en Riohacha y Barrancas (La Guajira), Riosucio y Juradó (Chocó), y Valledupar (Cesar). En la costa Caribe trabajarán con los indígenas kankuamos y wayuu, y en el Pacífico, con los embera y wounaan. Los cinco municipios fueron priorizados por la tasa de pobreza municipal y el alto número de víctimas del conflicto. “Es muy triste lo que está pasando con nosotros —dice Marino—. El Acuerdo de Paz debía devolvernos la esperanza para vivir en el territorio, de retornar, de dejar atrás ese dolor”.
