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La justicia distante

© Germán Izquierdo

Para Luis Tenorio, teletrabajar supone una travesía de dos horas en lancha de motor y un gasto de $100.000 pesos en gasolina. Este líder de Magüí Payán, Nariño, dedica su vida a impartir justicia como lo hacían sus padres, a través del diálogo y la conciliación. Pasa los días yendo y viniendo por el río Magüí, solucionando problemas de linderos, riñas entre vecinos o casos de violencia de género. Como representante de Asomagüí, una organización que lucha por el reconocimiento de los consejos comunitarios, busca que la justicia ancestral sea tenida en cuenta. “Queremos demostrarle al Gobierno Nacional que históricamente se ha impartido justicia en los territorios colectivos de las comunidades negras. Nuestra justicia está basada en lo restaurativo. Le enseñamos a la gente cómo vivir bien y cómo comportarse en comunidad”, dice.

La justicia afro, que Luis imparte, se basa en que quien comete una falta debe enmendar el daño con actos de beneficio público. Si alguien roba, debe barrer el camino del cementerio, y quien pelee con un vecino debe limpiar la orilla del río. Luis está convencido de que más del 90 por ciento de los problemas se pueden solucionar de manera pacífica y lo ha comprobado desde hace 3 años, cuando le apostó a esos métodos de justicia.

El acercamiento al casco urbano es más frecuente desde que empezó la pandemia. Debido a las medidas de prevención ya no visita las veredas ni los consejos. Si tiene una reunión o debe comunicarse con algún compañero, Luis viaja por dos horas para llegar a la cabecera municipal, el único lugar con una conexión aceptable a Internet. Trabaja los sábados, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., y los domingos a las 2:00 p.m., cuando la red está menos saturada.

Sin embargo, en muchas ocasiones, Luis ha viajado en vano, pues la señal es nula. De acuerdo con el más reciente Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) del Dane, solo el 1,11 por ciento de las viviendas en el municipio cuentan con servicio a Internet. En la cabecera municipal el porcentaje es de 2,74 por ciento, mientras que en las zonas rurales solo alcanza el 0,04 por ciento.

La historia de Luis se repite en varios territorios. Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del 2019, solo el 20,7 por ciento de los hogares de los centros poblados y rurales dispersos tiene acceso a Internet. Los conciliadores, mediadores y otros actores de la justicia local deben hacer largos viajes para hablar con las comunidades o lograr una conexión estable a la web. Estas dificultades reviven la importancia de fortalecer los Sistemas de Locales de Justicia y las jurisdicciones propias, que acercan la justicia a los territorios y ayudan a contrarrestar el déficit judicial.

La Procuraduría General de la Nación presentó un proyecto de ley para promover el acceso a la justicia rural y local. El proyecto resultó de una encuesta con más de 9.000 ciudadanos sobre sus necesidades judiciales. Las principales dificultades que identificaron los encuestados fueron la mala ubicación de los juzgados (58%), la falta o el deterioro de la infraestructura física (64%) y la carencia de infraestructura y tecnología (75,7%). Con esta apuesta, el procurador Fernando Carrillo pretende descentralizar la justicia e impartirla de manera diferencial. Según sus palabras: “No hay paz territorial si no hay justicia territorial”.

Departamentos priorizados por el Programa de Justicia para una Paz Sostenible, de USAID.

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