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Bogotá, Cundinamarca

La justicia en los territorios no es un cuento


  • Margarita Cabello

  • 2 octubre, 2019

Abogada de la Universidad de la Costa. Cuenta con más de 30 años de experiencia como funcionaria judicial , fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia y ha sido profesora en universidades de Barranquilla. Actualmente, se desempeña como Ministra de Justicia.

Según la más reciente encuesta nacional de necesidades jurídicas, el 60% de los encuestados no logró satisfacer sus necesidades de justicia, y en la ruralidad dicho porcentaje se incrementa un 15%. Revertir estos resultados es la gran tarea del Ministerio de Justicia y del Derecho: lograr que los ciudadanos alcancen una justicia más cercana. 

La estrategia para abordar este reto pasa por acciones enfocadas en el territorio, como la coordinación de 110 casas de justicia y 42 centros de convivencia ciudadana de 132 municipios del país, en donde los ciudadanos cuentan con la orientación y asesoría jurídica presencial para resolver sus conflictos jurídicos en un único espacio, convirtiéndose así en una vital puerta de acceso a la justicia. En lo que va corrido del año se han atendido 278.676 personas. 

En las zonas rurales donde no existen casas o centros, hacemos presencia con jornadas móviles, buscando que los colombianos en todos los rincones encuentren de forma pacífica, sencilla y pronta la solución a sus controversias.  En particular en asuntos agrarios realizamos una jornada en Ituango el pasado 16 de agosto y en lo que resta de 2019 se realizarán 6 más en Cáceres, Valdivia, Ciénaga, Aracataca, El Charco y Ríoblanco. 

Además, se ha consolidado año a año la Gran Conciliatón Nacional, que ofrece durante tres días servicios gratuitos de conciliación a los ciudadanos pertenecientes a estratos 1, 2 y 3. Fruto de esta estrategia se han logrado más de 35.109 acuerdos conciliatorios. Este año se realizó en el mes de mayo y se atendieron 23.195 asuntos.  

El Ministerio creó LegalApp, una aplicación y sitio web que orienta a los usuarios en rutas de acceso a la justicia en un lenguaje sencillo. Hoy contamos con más de 85.000 descargas y cerca de 11 millones de consultas resueltas. Conociendo las dificultades de conectividad en los sectores más apartados, este año lanzamos LegalApp Rural, software offline, presente además en las bibliotecas públicas.

Con el propósito de garantizar una igualdad real y efectiva a las víctimas del conflicto para satisfacer sus derechos a la justicia, la verdad y la reparación, el Ministerio lidera la estrategia de la Unidad Móvil de Atención a Víctimas, a través de la cual se orienta e informa a las víctimas sobre sus derechos y deberes en los territorios más apartados del país.

Durante el 2018 se realizaron 64 jornadas en 63 municipios de 18 departamentos del país que beneficiaron a 19.749 víctimas. Igualmente se diseñó el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, para promover procesos y prácticas el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que permitan la resolución de los conflictos con la participación de los adolescentes en conflicto con la ley penal, las víctimas, las familias y la comunidad, fortaleciendo técnicamente a las instituciones educativas, autoridades judiciales, operadores del ICBF y entidades territoriales. En 2018 fueron capacitados 837 funcionarios. 

Al lado de esta apuesta diaria de llevar justicia real a los territorios, el gobierno cuenta con una agenda legislativa importante dirigida a mejorar la justicia para los ciudadanos fortaleciendo los consultorios jurídicos, el arbitraje social y la conciliación.  Le apuesta también a la creación de una especialidad agraria en cumplimiento del Acuerdo de Paz que atienda las necesidades de justicia de los campesinos y al cardinal rol de los líderes comunitarios como facilitadores de justicia. Todo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo que le apuesta a la transformación digital de la justicia y a los modelos de justicia local y rural, con los que podremos conocer a ciencia cierta las conflictividades particulares de cada municipio y conforme a ello definir la oferta pertinente de justicia. 

Los anteriores son pasos firmes para saldar la deuda con la ruralidad y con ello sacar del imaginario colectivo que la justicia es lejana a las necesidades de los ciudadanos.


*Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL


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