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Bogotá, Cundinamarca

“La reconciliación es uno de nuestros desafíos más grandes”: Ana Paula Barreto


Ana Paula Barreto se ha preguntado por los motivos de la violencia desde que tenía 15 años, cuando empezó a trabajar en un proyecto piloto con los niños de su comunidad en Brasil. Desde entonces se ha dedicado al trabajo social en su país desde organizaciones como Unicef, donde promovió los derechos de la infancia, en especial en las zonas rurales y pobres de Brasil. Graduada en asuntos internacionales de The New School, en Nueva York, Ana Paula es confundadora de la iniciativa Projeto 111, basada en empoderar a los jóvenes a través del arte y el uso de herramientas de comunicación.

Ana Paula es confundadora de Black Brazilian Women Collective, primer colectivo negro formado por afrobrasileños que viven en Estados Unidos. Esta investigadora habló con justiciarural sobre la violencia de la policía militar, que ha sido legitimada por la población y dio su testimonio del sufrimiento de las mujeres negras en las favelas brasileñas.

(Foto: © Guillermo Torres Reina)

Justicia Rural (J.R.): Respecto a la relación Estado-comunidad, ¿cuál es el panorama actual en Brasil?

Ana Barreto (A.B.): 
Yo diría que la reconciliación es uno de nuestros desafíos más grandes porque el Estado brasileño se rehúsa a tener responsabilidad por las acciones de sus agentes. Con el gobierno de Bolsonaro hay más represión y ese asunto no tiene un gran progreso. Hay una política nacional que está en contra de la idea de reconciliación. Me parece que ahora tenemos que recurrir a otras estrategias. La comunidad tiene un foro informal y a través de él ha exigido que el Estado cambie y los puntos sobre los que debe hacerlo. Empezamos con las acciones judiciales y la incidencia política, hechos específicos con los que hemos logrado alcanzar un impacto positivo.

También hemos exigido la separación del Instituto Médico Legal, el órgano de inteligencia para solucionar crímenes, de la Policía. La Policía extermina a la población pero el grupo responsable por la investigación del crimen también está ligado a ellos. No hay justicia imparcial.

Las dinámicas de violencia infantil no se limitan a Brasil. En toda Latinoamérica existen zonas deprimidas donde niños y adolescentes emiezan a delinquir desde muy temprano.

Foto: © Luis Murcia

J.R.: Entonces todo queda entre los mismos actores…

A.B.: Exacto. La misma persona que asesina, investiga el caso. Esa es una de las reivindicaciones que ahora tenemos: separar ese instituto de la Policía para que las pesquisas se muevan. Estamos con un proceso judicial para que eso avance pero con la elección de Bolsonaro es muy complicado. Buscamos más incidencia internacional y por eso participamos en diversos eventos. Por ejemplo, yo voy mucho a Nueva York para conferencias o foros. Buscamos que la presión internacional haga que el gobierno brasileño cambie. Esa es la estrategia actual.

¿Por qué no hay justicia? ¿Por qué no hay un proceso de reconciliación serio para el gobierno brasileño? No contemplan que es necesario responzabilizar a los agentes de la Policía por sus acciones.

J.R.: ¿Qué casos emblemáticos ayudan a entender este abuso de autoridad?

A.B.: Hay un caso de un niño de 10 años.  La Policía, con acción militar, tiene un pensamiento de exterminio y cuando van para las favelas la intención es el enfrentamiento mas no la protección de la gente afro. El niño estaba brincando en la calle y tenía un teléfono en su mano. La Policía pensó que era un arma -eso fue lo que dijeron- y lo mató. Cambiaron la escena del crimen e intentaron poner un arma de verdad pero la familia lo impidió. Fue ejemplo de la presencia y la continua amenaza de la Policía dentro de la misma comunidad.

Otro ejemplo es el de Claudia Silva Ferreira, una mujer que fue arrastrada por un carro. Hubo un tiroteo entre la Policía Militar y supuestos criminales, recibió una bala perdida y quedó muy malherida. Los policías propusieron llevarla al hospital pero los vecinos y familiares no creyeron. Entonces siguieron al carro. La mujer se cayó y su ropa quedó agarrada de la puerta del carro. Claudia fue arrastrada por varios metros. Alguien grabó todo lo ocurrido pero la Policía amenazó a las personas de la comunidad.

 

J.R.: ¿Cuál es la actitud de la comunidad hacia la Policía? ¿Hablan en términos de venganza o lucha contra los funcionarios?

A.B.: No, la comunidad no se convierte en «justiciera». En Brasil hay una relación netamente de exterminación. La comunidad no intenta ser violenta con la Policía. Todo lo contrario, la gente quiere vivir en paz. Entre menos contacto con ellos, mejor.

J.R: En cuanto a las instituciones, ¿qué medidas o proyectos han incentivado para visibilizar y tratar esta problemática?

A.B.: Hay bastantes iniciativas. El movimiento social brasileño es muy fuerte. Hablando por mi comunidad, existe el Foro en Defensa de la Vida en el que se reúnen más de 200 organizaciones. Hacen diferentes acciones que al unirlas, tienen incidencia para el cambio de la violencia dentro de la colectividad. 

También está la Coalición Internacional del Movimiento Negro de Brasil que actúa a nivel internacional. Asiste a paneles, foros y conferencias, y trabaja con la ONU y la OEA para denunciar las violaciones del Estado brasileño. Hay presiones internas, tanto políticas como económicas, pero también está ese trabajo externo en el que la comunidad extranjera hace presión sobre Brasil.

 

J.R.: ¿Cómo ha sido la respuesta de esos actores internacionales?

A.B.: Muy buena. La ONU ha condenado a Brasil por no proteger o promover los derechos humanos de la población afro, indígena y pobre del país. La OEA hizo lo mismo. Eso hace mucho ruido. El país es muy importante en materia política, entonces la lucha de la población se convierte en un mecanismo útil aunque, con la elección de Bolsonaro, el gobierno federal es muy conservador y tiene una posición en contra de los DDHH.

La participación también es importante. Por ejemplo las personas que trabajaron con Marielle Franco, activista y concejal asesinada en 2018, hoy son diputadas en Brasil. De hecho, Brasil ya cuenta con la primera mujer trans como diputada, Erica Malunguinho. Hay un movimiento que está adentrando a las esferas locales y oficiales del gobierno.

 

J.R.: ¿Qué compromisos quedan?

A.B.: Debemos entender al Estado como una herramienta de justicia social. Necesitamos vivir sin violencia pero también necesitamos de políticas de promoción de vida, de educación, salud, de acceso a cultura. Por ejemplo, en mi comunidad no hay un teatro ni un cinema, no hay espacios de cultura para la población. Esas medidas también afectan la vida de las personas, todas ellas comprendidas como parte de un sistema de violaciones. No solo es lo bélico. La violencia también es la falta de acción para promover la vida digna de las personas

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