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Bogotá, Cundinamarca

La restitución de tierras está en limbo


Diana Rey Melo

Periodista e ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional.  En 2014,  creó Rutas del Conflicto, un proyecto de periodismo de datos e investigación con participación ciudadana que aporta en la reconstrucción de la memoria histórica en Colombia.

Según datos de la Unidad de Restitución de Tierras, a primera semana de septiembre de 2019, poco más de 4.500 predios habían recibido una sentencia a favor, de las más de 120 mil solicitudes recibidas. Aunque los funcionarios de turno han tratado de mostrar esta cifra como un gran logro, lo cierto es que el nivel de ejecución de esas sentencias en muchos casos es deficiente.

Más de dos años después de lograr el juicio de restitución de tierras, los campesinos de El Aceituno, una vieja hacienda de Carmen de Bolívar, aún no han podido regresar a sus predios. El gobierno les he dicho que el terreno todavía puede tener minas antipersonales, sembradas por la guerrilla de las FARC durante la década pasada.

La historia de Medardo Tovar, uno de los campesinos reclamantes de El Aceituno, ejemplifica el drama que han vivido las víctimas. A sus 96 años, luego de soportar un largo proceso y ser uno de los pocos que logró recibir una sentencia a su favor, ni siquiera puede regresar a su finca.

El proceso de El Aceituno es solo una muestra de la incapacidad del Estado para responder a los requerimientos judiciales de las pocas sentencias de restitución de tierras. La historia de este predio, y la de otros en circunstancias similares, fue documentada en el proyecto El esquivo camino de la restitución, de Consejo de Redacción.

Además de predios de los Montes de María, la investigación de Consejo de Redacción revisó otros casos que fueron presentados por el gobierno anterior como ejemplos de grandes avances del proceso de restitución. Uno de ellos fue el municipio de Trujillo, en el norte del Valle del Cauca, que apareció en varios medios de comunicación como referencia por la cantidad de sentencias, en medio de una región históricamente afectada por la violencia paramilitar.

Los reporteros encontraron varios problemas: en algunos casos los campesinos aún no habían podido regresar a sus tierras porque los predios están en medio de nacimientos de agua. Aunque la sentencia ordenaba al Instituto Colombiano de Desarrollo (Incoder), que luego se convirtió en la Agencia Nacional de Tierras, entregar predios en otras zonas, los solicitantes de restitución siguen sin obtener algún predio.

Las sentencias no solo ordenan la titulación de los terrenos, sino que buscan compensar de varias maneras a las víctimas desplazadas de sus fincas.  Por ejemplo, en la mayoría de fallos se ordena la construcción de una vivienda digna para garantizar el retorno de los campesinos. Los periodistas del proyecto encontraron en veredas de Trujillo casas con puertas de cartón, techos de teja que se caían con facilidad y ventanas que no cerraban.

Los fallos judiciales también ordenan apoyo a proyectos productivos para los campesinos que retornan, beneficios para la educación de los hijos de las víctimas y garantías en la atención de salud. La investigación encontró fallas en el cumplimiento de varias sentencias en todos estos temas.

Las historias expuestas en la investigación evidencian que los jueces y tribunales de tierras ordenan la ejecución de estos fallos a varias entidades del Estado que han sido incapaces de articularse para cumplirle a los pocos campesinos que han recibido sentencia. Además, es evidente que en varios casos la contratación para ejecutar estos fallos ha sido deficiente.  

Desafortunadamente no hay investigaciones más amplias en otras zonas del país para evaluar de una manera más global la ejecución de estas sentencias, pero preocupa que una primera mirada haya arrojada tantas fallas.


*Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL


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