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Ricaurte, Nariño

La violencia vuelve a mostrarles la cara a los awá

© León Darío Peláez

Tras caminar diez horas por entre una selva montañosa, el líder awá Miguel Caicedo llegó a la vereda El Aguacate y no encontró más que respuestas esquivas, miedo y silencio. Nadie se atrevió siquiera a contar cuándo habían ocurrido los hechos y dónde estaban los cuerpos de los tres jóvenes comuneros del resguardo Pialapí Pueblo Viejo. “El domingo 16 guardia y las autoridades nos trasladamos con una misión humanitaria y dos días después la gente seguía sin hablar”, dice Caicedo.

Los cuerpos de los jóvenes se hallaron solo hasta el miércoles 19. A juzgar por su estado de descomposición, llevaban al menos una semana muertos. La masacre de los tres indígenas awá se sumó a la de los ocho estudiantes de Samaniego. Dos días después, el 21 de agosto a las 11.00 p.m., seis personas fueron asesinadas en Tumaco. Los tres hechos configuraron una de las semanas más violentas de la historia reciente del departamento de Nariño.

Para los awá, el regreso de la violencia supone volver a vivir una violencia que transformó sus dinámicas sociales, los obligó a desplazarse y sigue mermando su población. En los últimos cinco meses han asesinado a 13 indígenas de esta etnia y las amenazas no cesan. La situación más difícil ha sido la llegada de gente de afuera y grupos armados. Ellos no solucionan los problemas con palabras y consejos sino con muertes. Ha habido muchos asesinatos”, dice Rider Nastacuas, consejero mayor de la Unidad Indígena del Pueblo awá (Unipa).

Los awá, que se denominan ‘Hijos de la montaña’, habitan los departamentos de Putumayo (Mocoa, Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel, La Dorada, Orito, Puerto Caicedo y Villa Garzón) y Nariño (Santa Cruz de Guachabas, Mallama, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán, Tumaco e Ipiales). La mayor población se encuentra en Ricaurte, donde la violencia los ha golpeado desde la primera década de este siglo.

Para los awá, el regreso de la violencia supone volver a vivir una violencia que transformó sus dinámicas sociales, los obligó a desplazarse y sigue mermando su población

Foto: © León Darío Peláez

León Darío Peláez

Vivir en una región que cerró el 2019 con 36.964 hectáreas de coca, y que por años fue la primera exportadora del alcaloide del mundo (hoy superada por Norte de Santander), supone un riesgo mayor. La lejanía de esta tierra de selvas tupidas donde los cultivos ilícitos se camuflan, y de ríos que son autopistas sin retenes hacia la salida al Océano Pacífico, hacen de esta región el mejor botín para las bandas de narcotraficantes.

En febrero de 2009, en el resguardo Tortugaña-Telembí, en el municipio de Barbacoas, las Farc asesinaron con machetes y cuchillos a 11 indígenas awá, entre los que se contaban dos mujeres embarazadas. Los insurgentes los acusaban de colaborar con el Ejército. En agosto del mismo año, delincuentes masacraron a 12 pobladores del resguardo indígena Gran Rosario del municipio de Tumaco.

Los asesinatos y las amenazas propiciaron un éxodo que en noviembre de 2011 ya contaba más de 3.000 desplazados, como lo registra el documento Plan de Salvaguarda del Pueblo Awá, realizado en conjunto por las tres organizaciones Awá: Unipa, Camawari y ACIPAP.

Hoy, luego de la salida de las Farc, la Fiscalía ha identificado 12 organizaciones delincuenciales que se disputan el control territorial en Nariño: ‘Clan del Golfo’, ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, ‘Los de Sábalo’, ‘La gente del nuevo orden’, entre otros.  Los Awá están a merced de esta nueva ola de violencia, en medio de un conflicto entre criminales.   

Ese conflicto ha atomizado a los awá, los ha obligado a separarse. Algo que en una cultura que piensa más en colectivo que en individual significa una pérdida difícil de reparar. Hoy, amparados por la Constitución, les piden a los violentos que les permitan vivir según sus usos y costumbres, con sus propias leyes y su propia justicia basada en la ley de origen, y cuidando el territorio ancestral que han resguardado por siglos como “Hijos de la selva”.

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