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GaleríaLos rostros del desplazamiento forzado

  • © Germán Izquierdo

  • “Para no matarlo, me desocupa su casa ya”. Con esa sentencia, en 2010 un paramilitar expulsó a Segundo Aníbal Benavides de la vereda de El Cedro, en el municipio de Puerto Guzmán (Putumayo). Ese día Segundo Aníbal se marchó con su esposa María del Socorro a buscar un lugar dónde vivir en el departamento de Nariño. Nunca lograron adaptarse ni hallar una vida digna fuera de su tierra y resolvieron regresar. Hoy, a los 82 años, viven juntos en Orito (Putumayo).

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  • Daniel Cruz fue desplazado en 2010 en el Cedro, inspección de Puerto Guzmán, una zona azotada por la violencia desde la década de 1990. Huyó a Mocoa, adonde llegó a vivir con sus siete hijos. Desde entonces, no ha vuelto a ponerlos pies en su tierra.

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  • Rosa Cunda siempre sonríe. Nació hace 77 años en Miranda (Cauca). Allí vivió hasta que los obligaron a salir del pueblo. De sus ocho hijos, solo sobreviven cuatro. Dos fueron desaparecidos y uno asesinado. Rosa, que pertenece a la comunidad nasa, vivió en Putumayo pero se sentía infeliz lejos de su tierra, adonde volvió a vivir a pesar de las heridas y los recuerdos. Aun hoy trabaja y lo que más la distrae es tejer.

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  • Carlos Antonio Figueroa dice no recordar el año en que lo sacaron de su casa, ubicada en una vereda de Orito. “Yo ya no me acuerdo de nada. Estoy enfermo. Siento hormigas en las manos y he perdido la vista bien. Todo lo que pido es un poder morir bien”, dice Carlos Antonio con las manos aferradas a su bastón tallado en madera de monte.

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  • Víctor Amaya aún recuerda las amenazas que leyó. En el 2001, los campos de Orito estaban repletos de volantes y advertencias escritas por los ‘paras’. Junto a su familia, Víctor se fue a Mocoa, el lugar más seguro del departamento durante la época. Después de casi 20 años, él y 11 integrantes de su familia recibieron la indemnización administrativa. Sobre la situación actual del municipio cuenta que el conflicto se viste de civil. “Para vivir tranquilos hay que cumplir órdenes”, dice.

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  • Hace ocho años, Marina Ortega vivía en el campo. Regaba sus cultivos de maíz y plátano o le daba de comer a las avecitas que descansaban en los campos de Puerto Asís. En el 2012, la violencia la obligó a salir de su vereda. Hoy tiene 79 años, es viuda y vive en la cabecera municipal. De sus once hijos solo cuatro siguen con vida. Asistió a la jornada de indemnización en compañía de su nieta mayor, Elvira Jurado Ortega.

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  • La violencia en el departamento del Caquetá golpeó con fuerza a su familia. Dos de sus hermanos fueron desaparecidos y otro asesinado. Su esposo corrió la misma suerte. Ansiosa por encontrar a uno de sus hermanos desaparecidos, partió de la población del Doncello hacia Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo. Hoy ha vuelto a su tierra. Vive en una vereda llamada La Paz.

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  • Vivían de la pesca en el Cuembí, Piña, el Lorenzó y otros afluentes del río Putumayo. “A mi esposo casi lo matan…Lo amarraron, se lo llevaron. En esa época tener unas botas de caucho era lo mismo que ser guerrillero”, dice Mariana. Las amenazas los obligaron a emigrar a Nariño, pero su esposo no se amañó: extrañaba el río, la selva, la pesca. Regresaron. Hoy viven más tranquilos, pero saben que falta mucho para que la región sea una tierra de paz.

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  • La indemnización tuvo como prioridad a los adultos mayores y a los pacientes de enfermedades terminales.

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