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“Está en riesgo nuestra vida, más si estamos en territorio”: Francia Márquez

© Archivo SEMANA

© Julián Ríos

A pesar del aislamiento preventivo, la violencia contra los representantes no se ha detenido: desde el 24 de marzo, fecha en la que inició la cuarentena nacional, se registran 16 asesinatos. Por esa razón, la Procuraduría General de la Nación convocó a la ‘Mesa por la Protección a la Vida’, un conversatorio para discutir la situación de los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos en medio de la pandemia por la covid-19. En esta ocasión, se hizo de manera virtual y fue transmitida en la página web de la Procuraduría.

Desde un inicio, el objetivo de la Mesa ha sido conocer el riesgo de los líderes y defensores, así como definir estrategias para su protección y defensa. Este compromiso, de carácter colectivo, implica la participación de las organizaciones sociales, las comunidades y el gobierno.

El procurador Fernando Carrillo reiteró su preocupación por los asesinatos y hostigamientos hacia líderes y comunidades, al igual que la lucha contra la corrupción y contra el malgasto de los recursos públicos en medio de la pandemia. “Los grandes desafíos en Colombia siguen siendo los desafíos de los Derechos Humanos”, comentó Carrillo.

En este espacio participaron líderes sociales, lideresas, defensores de derechos humanos, representantes de organizaciones campesinas y funcionarios del Estado. Hubo varias reflexiones:


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Francia Márquez, líder social e integrante de la Asociación de Consejos Comunitarios del Cauca (ACONC) (izquierda), y Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, ONIC (derecha).

Crisis humanitaria

No es cierto que los mecanismos de protección estén funcionando de manera adecuada. Es una situación que nos preocupa mucho sabiendo el riesgo. Entendemos que los escoltas son seres humanos que deben cuidarse durante la pandemia, pero es una situación a la que hay que buscarle soluciones. Está en riesgo nuestra vida, más si estamos en territorio”, Francia Márquez, líder social e integrante de la Asociación de Consejos Comunitarios del Cauca (ACONC)

 

Estamos encarcelados en el territorio no solo por este aislamiento sino desde hace mucho tiempo por los actores armados. Le hacemos un llamado al gobierno nacional porque hoy adolecemos de una política integral con enfoque diferencial para la atención de los pueblos y las comunidades indígenas”, Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, ONIC.

Mayerlis Angarita de Narrar Para Vivir (izquierda) y Leyner Palacios, líder de Bojayá (derecha).

Protección

Sacarnos del territorio es matarnos. Nosotros vivimos, nacimos y tenemos unas dinámicas allí. Una de nuestras peticiones es que se refuerce la seguridad local, que la protección no solo sea individual sino colectiva”, Juana Ruiz, Tejedoras de Mampuján.

 

Es importante hacer acciones concretas, sobre todo en este confinamiento. (Las mujeres) Estamos expuestas en nuestras casas ante esos grupos armados. Lamentable lo que ocurre en el sur de Bolívar, en el Cauca… Lamentable que no hagamos acciones a nivel local”, Mayerlis Angarita de Narrar Para Vivir.

 

Califico la situación del Chocó como una desgracia humanitaria prolongada. Desde hace dos años, los grupos armados se han fortalecido y actúan de manera abierta e irregular con fuerzas del orden institucional. Hoy las comunidades están en confinamiento, no en aislamiento (…) El departamento sigue convulsionado porque tiene una debilidad institucional. Si en condiciones normales la institucionalidad no llegaba, ahora menos”, Leyner Palacios, líder social de Bojayá.

Juan Carlos Quintero, líder de Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), Norte de Santander.

Protesta social

Si bien no tenemos ningún caso positivo hasta el momento, eso no quiere decir que la situación no pueda empeorar. ¿Por qué? La erradicación sigue, desde enero. La Fuerza Pública, la Policía y el ESMAD se mueve de manera irresponsable. Ingresan miembros que no son del territorio y es un alto riesgo para los campesinos. No ha parado la violencia, la erradicación ni el incumplimiento a los acuerdos”, Yuri Quintero, Red de Derechos Humanos de Putumayo

 

Si el gobierno insiste en mantener las erradicaciones forzadas y violentas de los cultivos de coca, las extiende en el tiempo, continuará el conflicto social entre comunidades campesinas y la Fuerza Pública, que ha ocurrido durante este mes. (…) Respecto a las audiencias virtuales para retomar las aspersiones aéreas con glifosato, es muy importante que se garantice la participación de las comunidades indígenas, afro y campesinas”, Juan Carlos Quintero, líder de Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), Norte de Santander.

Nancy Patricia Lozano, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos (derecha) y Germán Escobar, jefe del gabinete del despacho del Ministerio de Salud (izquierda).

Respuestas por parte del Estado

«Hay que revisar las condiciones en las cuales se ejerce el liderazgo social en el país. (…) En la Consejería hemos hecho un seguimiento para que haya una atención especial a los grupos en situación de vulnerabilidad y hemos emitido cuatro informes sobre las medidas tomadas a la luz de la pandemia”, Nancy Patricia Gutiérrez, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos.

 

Buscamos lograr que la protección llegue, no solamente por solicitud o denuncia, sino como una consecuencia de un análisis juicioso de ver qué población y qué líder está en una posición de riesgo para así anticipar y prevenir cualquier afectación a su vida y a su integridad”, Daniel Palacios, y viceministro del Ministerio del Interior.

 

Consideramos que la respuesta a la coyuntura covid-19 debe ser una respuesta integral del Estado. (…) Una de las herramientas que hemos trabajado es fortalecer la atención psicosocial de las víctimas y queremos fortalecer el componente de aseguramiento de la población”, Germán Escobar, jefe del gabinete del despacho del Ministerio de Salud.

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