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Tierralta, Córdoba

Mujeres rurales: sin justicia

© Cortesía Programa de Justicia para una Paz Sostenible, de USAID
Yeimis Paternina estudia quinto semestre de derecho. Espera poder litigar pronto en beneficio de las mujeres de su municipio.

A Yeimis Judith Paternina un ataque de migraña le iluminó el pensamiento. Era la medianoche de un sábado cuando, tendida en una cama del hospital de Tierralta, en Córdoba, le preguntó a una mujer que llevaba horas esperando con su bebé enfermo si la habían atendido. “Sí —contestó la mujer pero me toca pasar la noche aquí porque yo vivo en la vereda Batata y hasta mañana me recogen”. Al rato, en medio del dolor de cabeza, Yeimis tuvo una idea: crear un hospedaje para la población vulnerable. A finales de 2015, la casa hogar de la fundación Abrigando Sueños abrió sus puertas en una esquina del barrio Alfonso López. 


La primera persona que atendió fue a una mujer que junto con sus dos hijas huía de su esposo desde Apartadó (Antioquia). Yeimis no olvida que una de las niñas señaló las rejas que circundan la casa y le dijo a su mamá:
“Aquí mi papá no puede llegar a pegarte”. Poco a poco, enviadas desde la Comisaría de Familia, empezaron a llegar cada vez más personas de las veredas. La mayoría, advirtió Yeimis, eran mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. “Para muchas de ellas el hogar no es un sitio seguro”, dijo.


Varios datos, algunos revelados durante la pandemia, le dan la razón. En 2019, según Medicina Legal, 3.800 hombres fueron víctimas de violencia de pareja, frente a 22.800 mujeres. Este año, al 13 de octubre del 2020, se registran 11.700 mujeres víctimas: una cifra once veces mayor que la de los hombres. En cuanto a violencia sexual, en el mismo periodo, los números son de 1.193 hombres y 6.441 mujeres.

El 44,6 por ciento de las mujeres rurales están en condiciones de pobreza multidimensional. El porcentaje en los hombres es de 38,4, más del 6 por ciento menor.

Foto: © Archivo SEMANA

© Archivo SEMANA

En las zonas rurales, la violencia contra la mujer muestra un panorama especialmente preocupante. De acuerdo con Valeria Silva, investigadora de la organización Sisma Mujer, hay varios obstáculos estructurales para que quienes viven lejos de los cascos urbanos accedan a la justicia. Uno es el machismo. “Las violencias se vuelven historias cotidianas: es normal que el esposo sea celoso, que agreda a la mujer si ella no lo atiende como quiere”, dice Valeria.


Este año, el Dane publicó el informe
Mujeres Rurales en Colombia que da cuenta de lo afirmado por la investigadora. Una de las conclusiones es que los estereotipos de género prevalecen en la ruralidad. A la pregunta de si “el deber de un hombre es ganar dinero y el de la mujer es cuidar del hogar y la familia”, el 34,2 por ciento de los hombres rurales respondieron “muy de acuerdo”, y el 24,4 por ciento “muy en desacuerdo”.


A estas dinámicas anacrónicas se suma la inequidad laboral.
Este mes,
la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CEPM) presentó un informe que muestra que la balanza en términos de trabajo no las favorece. En el campo, el 27,5 por ciento no cuenta con ingresos propios frente al 10 por ciento de los hombres. Mientras tanto, a nivel nacional, la tasa de ocupación para las mujeres es del 46 por ciento, en tanto que la de los hombres llega al 68 por ciento.


En su fundación, Yeimis ha sido testigo de cuán difícil es para una mujer denunciar y hacer valer su autonomía. Los casos más comunes que atiende son de violencia sexual, en especial en jóvenes menores de 14 años.
“En nuestra región -dice- mucha gente piensa que es normal que nos maltraten. Las mujeres llegan a la comisaría, a la fiscalía, con una cantidad de miedos y frases en su pensamiento como ‘usted se lo buscó’,  ‘por qué lo hace poner bravo’, ‘eso no es tan grave’. Prefieren callar porque se sienten juzgadas incluso antes de ser escuchadas”.

En los lugares alejados se encuentran los problemas más graves: niñas de 12 años embarazadas de sus padrastros, jóvenes menores de 14 años casadas con abusadores. Por eso, Yeimis también procura trabajar con ellas.

Foto: © Archivo particular Abrigando Sueños

En 2019, la Corte Constitucional emitió un fallo en el que determinó que el Estado puede incurrir en violencia institucional cuando omite o es ineficiente en la atención de las denuncias de las mujeres. Según Valeria, muchas  son juzgadas por los servidores bajo estereotipos de género, como no creer en el relato de la víctima o con frases como ‘¿y usted va a meter a la cárcel al papá de sus hijos?”.

Desde su fundación, Yeimis y su equipo trabajan para contrarrestar los mil y un obstáculos que afrontan las mujeres de Tierralta, un municipio que desde los años ochenta ha vivido en medio del conflicto armado. Yeimis viaja por caminos accidentados en moto, en planchón y a pie para llegar a veredas distantes, donde viven mujeres que desconocen sus derechos. “En los lugares alejados se encuentran los problemas más graves: niñas de 12 años embarazadas de sus padrastros, jóvenes menores de 14 años casadas con abusadores. Cosas inimaginables”.

En Abrigando Sueños se les da representación jurídica a las mujeres víctimas de abusos. En cinco años de trabajo, han ganado decenas de casos y empoderado a las mujeres por medio de jornadas de capacitación. “Nos hemos convertido en un puente entre ellas y la institucionalidad”, cuenta Yeimis.

Precisamente la falta de oferta institucional y presencia del Estado es uno de los problemas más graves. En muchos municipios no hay fiscalía, medicina legal ni comisaría de familia. “Es un escenario perverso, en el que el Estado hace presencia militar pero no tiene una representación civil. Un municipio como Tumaco no cuenta con una sede de Medicina Legal. Las mujeres son remitidas a Pasto y muchas veces les dan una cita para valoración en seis meses ”, afirma Valeria.

Yeimis viaja por caminos accidentados en moto, en planchón y a pie para llegar a veredas distantes, donde viven mujeres que desconocen sus derechos.

Foto: © Archivo particular Abrigando Sueños

La ausencia de Estado es el caldo de cultivo para muchas injusticias. Las mujeres que viven lejos de los centros urbanos pagan costosos viajes para poner una denuncia en la comisaría de familia o la fiscalía. Al llegar, muchas veces encuentran las oficinas cerradas. Es común que renuncien a seguir con sus procesos, pues el círculo de la burocracia supone un esfuerzo difícil de sortear.

Durante once años, desde que en 2008 se expidió la ley 1257, las EPS tenían el deber de cubrir el transporte, alojamiento y alimentación de las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, el lobby político impidió que esta obligación se cumpliera. Desde el año pasado, el Ministerio de Salud tiene rubros para traspasar a las entidades territoriales cuando se presenta un caso de violencia contra la mujer, pero el primer requisito es contar con casas refugio, un servicio que solo se presta en municipios de primera categoría.

Lo que comenzó como una idea en medio del cegador dolor de una migraña se convirtió en una realidad. La casa refugio que Yeimis y 18 personas más fundaron hace cinco años es hoy un referente. “Mi mayor gratificación es ver a las mujeres empoderadas. Hace un tiempo, una de ellas denunció a su marido y me decía que todos la señalaban: su familia, sus vecinos, el pastor de la iglesia. Hoy, con nuestro apoyo, camina con la frente en alto, porque conoce sus derechos y no se siente inferior a nadie”. 

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