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Catatumbo, Norte de Santander

¿Por qué incluir la sustitución en las demandas del Paro?

Escuchar las voces de los cientos y familias que viven de la coca es un imperativo.

(Politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, investigador del CINEP/PPP)

 

Suenan cacerolas en una amplia jornada de protesta general, con reclamos que resumo en buscar mejores condiciones de vida y la posibilidad de un futuro menos incierto (y dado el caso, de un futuro a secas). Su variada expresión lucha, entre tantas cosas, por desmarcarse de la estigmatización con la que ha cargado la protesta social en Colombia y algo logra; como muestra su afluencia y prolongación en los días, aunque la misma siga siendo objeto de intolerancias, amenazas y lecturas reduccionistas hacia el vandalismo.

En estos días el Acuerdo de Paz, relevante pero no articulador, ha cumplido por lo menos la promesa de un ambiente político que a pesar de sí mismo se permite hablar de otras cosas, que grita y da resonancia a problemas antes invisibilizados, aunque no inexistentes. Pese a ello, este chance no debe obviar circunstancias que atañen a problemas ya viejos, agravados en el presente y que apuntan a fines colectivos similares. Hablo de la condición en la que se encuentran los cientos y miles de familias cocaleras que se inscribieron al Plan Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS).

Incluir estas voces es un imperativo por diversas razones. En el plano del reconocimiento de lo que implica la protesta, la condición extraordinaria de lo que está ocurriendo en las ciudades podría tener referentes y recordar que han existido otras geografías y momentos en los que se han dado este tipo de técnicas disruptivas con prolongaciones sorprendentes, como el paro cocalero del Catatumbo en el 2013, que llegó a durar 53 días. En este y otros paros, como el de Putumayo en 1996, el del Catatumbo en el 2017, o los más recientes en Caquetá, se pide un tratamiento diferenciado a la problemática. Tratar como campesinado cocalero en condiciones de ciudadanía plena y no bajo la sombra de la estigmatización y el abandono.


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En buena medida, el PNIS aparece como una de las políticas más contundentes en la materia para suplir estos reclamos, pero la falta de voluntad política y los problemas burocráticos han hecho del plan un eje de incertidumbres y vulnerabilidades para sus participantes.  La burocracia, por ejemplo, pone a agencias del Estado a caminar en círculos ante una realidad que no se pensó en solucionar primero: la informalidad en la propiedad de la tierra donde se harían los proyectos productivos. Luego se tiene la falta de celeridad de estos proyectos, quizá el más problemático de los reclamos. Las familias arrancaron toda la coca quedándose sin más sustento que el de subsidios por parte del Estado (¡vaya gesto de confianza!) y ahora que los periodos para los auxilios económicos están terminándose, la incertidumbre aumenta y la inseguridad alimentaria amenaza con fuerza. Pese a ello, y habrá excepciones, muchos se mantienen en el compromiso esperando encontrar esas otras alternativas; además, los costos de volver a sembrar si se quiere continuar en el programa son muy altos. La sensación de injusticia que se respira es la de exigencia meticulosa hacía los campesinos y permisividad hacia el Gobierno.

De otra parte, para medirle el aceite a la voluntad política, basta ver la prioridad con que se opta por el PNIS cuando el Estado mantiene en paralelo, en una suerte de paranoica ambigüedad, la intervención militar en aras de la erradicación forzosa; y harto se ha demostrado y expuesto, la inoperancia que tiene la erradicación forzada sin ninguna alternativa. Esta tiende más bien a generar incentivos para la expansión de los cultivos y la frontera agraria: si no hay más forma de garantizar un ingreso que sembrando coca, siempre se buscará un nuevo lugar para esto.

Ante este panorama, las manifestaciones de descontento son continuas y variadas, pero en el corto plazo dudo que vuelva a ocurrir una manifestación desde el sector cocalero que tenga el mismo nivel de parálisis como los ya mencionados o el mismo Paro Nacional que continua. El movimiento cocalero se ha visto fuertemente debilitado a causa del papel protagónico que tuvo en la pedagogía y el incentivo del PNIS. El incumplimiento del gobierno los ha hecho ver como mentirosos, por lo que la desconfianza y la desazón también les cae un poco. A lo anterior se suma la situación crítica de varios de las zonas priorizadas, con líderes del movimiento cocalero asesinado y la zozobra impuesta por grupos armados a los que la sustitución no les conviene.

Supongo que se estarán dando las maneras de recomponer esa confianza, al tiempo que se buscan cada vez más maneras de denunciar la crudeza de la situación. Mientras esto va ocurriendo, debería resaltarse con más fuerza el tema en el ambiente del Paro Nacional, saber que, en últimas, estamos ante un tema que también trasciende al conflicto armado y remite a esa búsqueda común del sonido de las cacerolas por estos días: la dignidad de las personas y su entorno.


*Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de SEMANA RURAL


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