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Tumaco, Nariño

¿Quién defiende a las mujeres en Tumaco?


Cuando Roxanna de Castillo debe atender un caso en barrios como Viento Libre, Nuevo Milenio o Playa Arrecha, prefiere que la policía no la acompañe. Sabe que andar con un uniformado en esas zonas de la ciudad implica un riesgo que no está dispuesta a correr. Por eso cuando tiene que ir a escuchar una declaración, toma alguno de los mototaxis que zumban día y noche en las calles de Tumaco y se interna en uno de esos barrios donde cualquier extraño es seguido con la mirada.

Roxanna es abogada de la comisaría de familia, en la Casa de Justicia de Tumaco. A diario llegan a su oficina, donde el viento azota las persianas de plástico maltrechas, personas que se atreven a denunciar a sus parejas. Según un informe de Fundepaz, publicado en 2018, cada día nueve mujeres son víctimas de la violencia de género en el departamento de Nariño.

La población en Tumaco –dice Roxanna–se siente vulnerada de muchas formas: en el acceso a la justicia, vulnerada por la violencia institucional que manda a las víctimas a dar vueltas sin fin por la fiscalía, la comisaría, la personería. Y nadie las puede ayudar”.


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Roxanna enumera varias razones que sustentan su afirmación. Cuenta la historia de una mujer de una vereda que sufría de epilepsia. Cuando su marido se enteró de que padecía esta enfermedad, la encerró en una casucha.

Cuando la mujer escapó con su hijo, nadie la recibió, en parte, porque estaba repleta de piojos, sucia de la cabeza a los pies. Además, no hablaba. “El gobierno debería encargarse, pero ni la fiscalía, ni la policía, ni el hospital quisieron recibirla. Tuvimos que hacer una colecta de dinero y pagarle varias noches de hotel. Ese no es el curso regular de las cosas. Para completar, la mamá no estaba en condiciones de atender a su hijo, pero en Tumaco no existe un hogar de paso infantil donde se pudiera llevar”, dice Roxanna.

El miedo y la violencia son los mayores impedimentos para las denuncias locales.

Foto: © Germán Izquierdo

En Tumaco, una de las ciudades más violentas del país, denunciar supone un riesgo. Por eso, como afirma Roxanna “la gente no denuncia. Porque hay barrios muy peligrosos. Quien denuncia corre el riesgo de ser asesinado. Hay lugares, como el 11 de noviembre, donde los policías no van ¿Cómo echarles la culpa si en cualquier momento caen en una emboscada y los matan? La violencia y el miedo constante hacen difícil que la justicia funcione”. Que nadie se entere, esa parece ser la máxima para muchas personas que se resisten a denunciar en el municipio. 

Las carencias en el servicio de justicia ocasionan problemáticas insólitas. Por ley, lo agresores tienen derecho a un defensor, pero en Tumaco no hay defensores para casos de violencia intrafamiliar. “Terminan dejando libres a los acusados porque sin defensor público no se puede dar la orden de captura”. 

En otros casos, la víctima tiene que vivir con el agresor. “Tenemos dos casos –cuenta Roxanna– en los que la víctima debe vivir en el mismo lugar del agresor. Esos fallos son lo más incoherentes que pueda haber. La víctima debe estar protegida, que el agresor no la vea ni la toque”.

Trabajar en la justicia en un municipio donde impera la violencia es un desafío mayor. El 11 de julio de 2018, en la carretera hacia Tumaco, una camioneta en la que se movilizaban tres investigadores del CTI de la Fiscalía fue emboscada. De lado y lado de la carretera le dispararon y le prendieron fuego al vehículo. Sus ocupantes murieron. 

Hechos como el anterior hacen que dedicarse a impartir justicia en el municipio sea una prueba de valor y de resistencia, pues trabajar por justicia en un lugar donde el miedo domina es tarea de valientes.

 


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