Cuando Roxanna de Castillo debe atender un caso en barrios como Viento Libre, Nuevo Milenio o Playa Arrecha, prefiere que la policía no la acompañe. Sabe que andar con un uniformado en esas zonas de la ciudad implica un riesgo que no está dispuesta a correr. Por eso cuando tiene que ir a escuchar una declaración, toma alguno de los mototaxis que zumban día y noche en las calles de Tumaco y se interna en uno de esos barrios donde cualquier extraño es seguido con la mirada.

Roxanna es abogada de la comisaría de familia, en la Casa de Justicia de Tumaco. A diario llegan a su oficina, donde el viento azota las persianas de plástico maltrechas, personas que se atreven a denunciar a sus parejas. Según un informe de Fundepaz, publicado en 2018, cada día nueve mujeres son víctimas de la violencia de género en el departamento de Nariño.

“La población en Tumaco –dice Roxanna–se siente vulnerada de muchas formas: en el acceso a la justicia, vulnerada por la violencia institucional que manda a las víctimas a dar vueltas sin fin por la fiscalía, la comisaría, la personería. Y nadie las puede ayudar”.

Te puede interesar: ¿Para qué sirven las Comisarías de Familia?

Roxanna enumera varias razones que sustentan su afirmación. Cuenta la historia de una mujer de una vereda que sufría de epilepsia. Cuando su marido se enteró de que padecía esta enfermedad, la encerró en una casucha.

Cuando la mujer escapó con su hijo, nadie la recibió, en parte, porque estaba repleta de piojos, sucia de la cabeza a los pies. Además, no hablaba. “El gobierno debería encargarse, pero ni la fiscalía, ni la policía, ni el hospital quisieron recibirla. Tuvimos que hacer una colecta de dinero y pagarle varias noches de hotel. Ese no es el curso regular de las cosas. Para completar, la mamá no estaba en condiciones de atender a su hijo, pero en Tumaco no existe un hogar de paso infantil donde se pudiera llevar”, dice Roxanna.