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Nacional

Representación Pro Bono: una ayuda para quienes no cuentan con recursos para acceder a la justicia

© Cortesia Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID

En Colombia la figura de representación pro bono inició entre los años 2004 y 2005, cuando algunos abogados de firma colombianos se unieron con colegas de otros países de América Latina para redactar un documento en el que se pudiera “comprometer a los abogados latinoamericanos a hacer trabajo pro bono”. Esto dio como resultado la ‘Declaración Pro Bono de las Américas’, que, entre otros lineamientos, establece que los abogados deben donar al menos 20 horas de su tiempo al año para atender a clientes que no tienen como pagar estos servicios legales y/o que tienen condición de vulnerabilidad para acceder a la justicia.

Así lo recuerda Ana María Arboleda, directora ejecutiva de la Fundación ProBono Colombia, la cual nació en el año 2009, cuando surgieron otras iniciativas pro bono en la mayoría de países latinoamericanos. Hoy son 13 los países los que cuentan con una organización pro bono y que, en conjunto, conforman la Red Pro Bono de las Américas.

La fundación recibe su primer caso en octubre de 2009 y de ahí en adelante no solo atiende casos de personas que requieran servicios legales, sino que tiene un papel más proactivo: el de buscar organizaciones de la sociedad civil que tengan necesidades legales y no las hayan podido atender, así como temas de educación en derechos de las comunidades y población vulnerable”, explica Arboleda.

Precisamente esas dos líneas, representación judicial individual y educación en derechos, se fortalecieron a través de un “programa piloto de representación pro bono”, realizado por la Fundación en Antioquia con apoyo del Programa de Justicia para una Paz Sostenible (JSP) de USAID. Gracias a los resultados, este programa espera replicarse en otras regiones del país, pensando en vincular a abogados de las regiones a conocer y hacer trabajo pro bono en sus territorios.


La Fundación ProBono Colombia ha venido canalizando la afiliación de 30 abogados y 4 universidades que hacen presencia en Antioquia, Córdoba, Chocó, Cauca, Putumayo y Nariño para promover el trabajo pro bono por parte de abogados locales, Facultades de Derecho, clínicas y consultorios jurídicos.


La Fundación ProBono ya había trabajado con algunas organizaciones sociales en Antioquia, entonces, con el apoyo de JSP, apoyamos a mujeres víctimas del conflicto armado de esta zona del país que tuvieran la necesidad de acceder a la justicia y antes no lo hubieran podido hacer, es decir la representación judicial a través de un abogado; y también se realizó la identificación de necesidades jurídicas generales de dicha comunidad”, afirma la directora ejecutiva de la Fundación.

Gracias a este programa piloto de representación pro bono, se seleccionaron 32 casos de igual número de mujeres víctimas del conflicto armado que necesitaban de un abogado para llevar adelante sus procesos en temas laborales, constitucionales, administrativos, así como casos de familia, un caso penal, y otros relacionados con la reparación administrativa de las víctimas pueden llegar a transformarse en casos administrativos o constitucionales.

Así mismo, por la experiencia de la Fundación, y de acuerdo con el diagnóstico realizado en esta región, encontraron que las principales necesidades jurídicas insatisfechas de la comunidad eran el desconocimiento sobre la protección de sus derechos, tanto como víctimas para la reparación integral como ciudadanos para el acceso a la salud.

Sin duda, el tema de la educación en derecho es de gran importancia, ya que, según menciona la Fundación ProBono, en ocasiones las personas piensan que necesitan un abogado para llevar un proceso judicial. Suele pasar que, en el fondo, no sea una necesidad jurídica que requiera de la representación de un abogado, sino que, con capacitación y formación previa, la misma persona pueda manejar la situación y llegar a un acuerdo con la contraparte. De esa manera, ejerce sus derechos con independencia y un apoderado judicial.

El pasado grupo focal se realizó el 3 de marzo en Apartadó. Participaron organizaciones de los 5 municipios priorizados por el proyecto JSP en Urabá, Antioquia. A este asistieron miembros de organizaciones como: Asomujer, Asomupro, Red Tejiendo Vida, Mujer Afro Apartadó, Fundación Agua y Vida, Mujeres Formando Futuro, entre otros.

(Foto: © Cortesía Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID)

“En esos aspectos lo que hicimos con los abogados voluntarios, fue hacer un plan de educación legal virtual donde participaron 135 asistentes, para ello se creó y está disponible un micrositio en la web, donde hay material y actividades sobre el derecho a la salud y sobre mecanismos de reparación de las víctimas del conflicto armado, permitiendo así que todas las personas puedan tener acceso a esta información”, agregó Ana María.

La Fundación también trabaja en la implementación de un chat automático a través de un ‘bot’ que le permita obtener una respuesta rápida a población vulnerable, estudiantes o profesionales del derecho que tengan inquietudes en un principio sobre los temas de salud o reparación de víctimas. Se espera que, en caso de que la consulta lo amerite, los usuarios podrán tener la atención específica por un profesional de la Fundación.

“Incondicional e indispensable ha sido para nosotros como Fundación el tener en nuestro equipo abogados voluntarios, porque así no tenemos que preocuparnos por temas legales y jurídicos, sino que confiamos porque estamos en las mejores manos y así nosotros nos dedicamos 100% al tema misional de nuestra organización”, Johana Bahamón, Fundación Acción Interna.

Durante estos primeros meses de 2021, la Fundación ProBono Colombia ha venido canalizando la afiliación de 30 abogados y 4 universidades de las regiones priorizadas por el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID que participaron en el evento. Esto con el fin de promover el trabajo pro bono en las regiones por parte de los abogados de los mismos departamentos y, al mismo tiempo, promover el litigio estratégico a través de las clínicas legales y consultorios jurídicos de las universidades. Esta estrategia busca que estos actores contribuyan a las comunidades locales en la solución de sus necesidades legales.

Puede consultar el micrositio de Probono haciendo clic aquí.

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