En Colombia la figura de representación pro bono inició entre los años 2004 y 2005, cuando algunos abogados de firma colombianos se unieron con colegas de otros países de América Latina para redactar un documento en el que se pudiera “comprometer a los abogados latinoamericanos a hacer trabajo pro bono”. Esto dio como resultado la ‘Declaración Pro Bono de las Américas’, que, entre otros lineamientos, establece que los abogados deben donar al menos 20 horas de su tiempo al año para atender a clientes que no tienen como pagar estos servicios legales y/o que tienen condición de vulnerabilidad para acceder a la justicia.
Así lo recuerda Ana María Arboleda, directora ejecutiva de la Fundación ProBono Colombia, la cual nació en el año 2009, cuando surgieron otras iniciativas pro bono en la mayoría de países latinoamericanos. Hoy son 13 los países los que cuentan con una organización pro bono y que, en conjunto, conforman la Red Pro Bono de las Américas.
“La fundación recibe su primer caso en octubre de 2009 y de ahí en adelante no solo atiende casos de personas que requieran servicios legales, sino que tiene un papel más proactivo: el de buscar organizaciones de la sociedad civil que tengan necesidades legales y no las hayan podido atender, así como temas de educación en derechos de las comunidades y población vulnerable”, explica Arboleda.
Precisamente esas dos líneas, representación judicial individual y educación en derechos, se fortalecieron a través de un “programa piloto de representación pro bono”, realizado por la Fundación en Antioquia con apoyo del Programa de Justicia para una Paz Sostenible (JSP) de USAID. Gracias a los resultados, este programa espera replicarse en otras regiones del país, pensando en vincular a abogados de las regiones a conocer y hacer trabajo pro bono en sus territorios.