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Pivijay, Magdalena

Salaminita: el pueblo que renació después de 20 años de lucha

© Comisión Colombiana de Juristas, CCJ.

Todos los días, Lesa Daza recuerda por qué volvió a Salaminita. Vive en Fundación, Magdalena, a quince minutos por carretera, pero le gusta visitar su pueblo natal. Llega, camina por sus calles y saluda a los vecinos que regresan. Ve a algunos que conoció cuando era niña y otros que, al igual que ella, abandonaron Salaminita para huir de la violencia y la destrucción. Hoy vuelven para enfrentar el olvido y recuperar lo que el paramilitarismo les arrebató.

Lesa recuerda el 7 de junio de 1999. Tenía 14 años cuando los paramilitares del Bloque Norte de las AUC irrumpieron en el corregimiento. Tenían una lista con nombres de supuestos guerrilleros o colaboradores de las FARC, entre los que estaba su hermana, una recepcionista de Telecom. Al final del día, los ‘paras’ asesinaron a tres personas, entre ellas a María del Rosario Hernández, inspectora de policía del corregimiento y yerna de la hermana de Lesa. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, ese día unas 8.000 personas abandonaron el lugar. Lesa se fue a Barranquilla; su hermana, a Maicao, y sus hermanos, a Santa Marta y Venezuela. Días después, los paramilitares llevaron un buldócer y arrasaron con el pueblo. No quedó ninguna casa en pie.

Casi 20 años después, Lesa recorre esos mismos terrenos. Es lideresa local de Salaminita y unió esfuerzos con la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). Tiene un sueño: que las familias campesinas regresen pronto al pueblo. Desde el 2014, la CCJ acompaña el proceso de restitución tanto del centro urbano como del área rural. Dos años después, en 2016, se convirtió en una de las beneficiarias de la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Antioquia, sala civil especializada en restitución. Este veredicto ordena el retorno de 36 familias campesinas del corregimiento y una restitución material con enfoque transformador e integral. Esto significa que la sentencia contempla dos órdenes: la reconstrucción de las viviendas y de sitios comunes, y el desarrollo de proyectos productivos para trabajar la tierra.

Para esto, la sentencia ordena la entrega de subsidios. Al inicio, tal orden le correspondía al Banco Agrario, pero el Tribunal de Cartagena la modificó y estipuló que el Ministerio de Vivienda sería el encargado. Sin embargo, la entidad le negó el subsidio a algunas víctimas por ser beneficiarias de otros auxilios. En dicha instancia, la CCJ presentó una acción de tutela para admitir a todas las familias. Fueron cuatro años largos de lucha. Hasta el 2020, el Ministerio asignara los presupuestos para la reconstrucción de las viviendas y expidió las resoluciones correspondientes.

 Lesa Daza es lideresa local de Salaminita y unió esfuerzos con la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). Decidió convertirse en representante de su comunidad por amor al pueblo en que nació.

Foto: © Cortesía Lesa Daza

Daniela Paredes, abogada del área de tierras de la CCJ, ha trabajado el caso y reconoce que la sentencia es completa, ya que ordena respetar los derechos de la comunidad y recuperar su tejido social. “La comunidad la tiene clara: quieren regresar. Tienen claro que es su territorio, que lo van a recuperar y a reconstruir. Ese es su mejor legado”, dice. Además, esta resolución contempla un derecho indispensable para este caso: el derecho a una vivienda digna. Más que las construcciones, la decisión incluye instalar y prestar los servicios básicos que escasean en Salaminita, como el agua y la electricidad. También considera reparar la carretera que lleva al corregimiento, un tramo en mal estado que no tiene señalización ni reductores de velocidad. Además, si llueve, la carretera se inunda y no se puede cruzar por ahí.

Hasta esta semana, Lesa ha contado 26 casas en el corregimiento. La mayoría son viviendas temporales hechas con barro, plástico y algunas tejas. Ella cuenta que los vecinos se reúnen y ayudan entre ellos: mientras unos cortan madera, los otros moldean barro para las paredes; mientras unos pescan, otros cazan animales. “Entre todos nos damos la mano ―dice Lesa―. No tenemos mucho, solo unos ranchitos, pero la gente ve ese amor que tenemos para regresar, para volver a nuestro territorio”.

Lesa fue la pionera del renacer de Salaminita. Lo dice con modestia y orgullo, pues su proceso fue algo empírico y entusiasta. En el 2007 empezó a tocar puertas, visitó otros municipios y contó lo que ocurrió en su pueblo. “Fue como quitar una piedra de un gran camino. Nadie dijo nada y Salaminita está dentro mío ―dice Lesa al recordar la casa de su papá y su niñez―. Lo hice por amor a ese pueblito que me vio crecer. Eso fue lo que me hizo tomar la iniciativa y salir adelante”. Sus charlas y viajes la convirtieron en una lideresa reconocida por lo que, en el 2013, unió esfuerzos con la URT y la CCJ. Además, fue gestora de paz departamental e integrante de la Plataforma de Mujeres de Magdalena. Ahora, lidera un grupo de cinco mujeres que trabajan por el desarrollo de Salaminita.

Al inicio, sus hermanos y su mamá le advirtieron sobre el riesgo de ser líder. Le decían que se retirara, que era muy peligroso. “Si he de morir, me toca”, les respondía Lesa. Siguió con su labor y no se arrepintió. Hoy, trabaja de la mano con Erika Rangel, Fernanda Valencia, María Palmera y Angélica Castro. Sus cuatro colegas la acompañan sin dudarlo. Si Lesa las llama, salen de sus casas para trabajar, sin importar hora o día de la semana. Conversan con la comunidad, acompañan a las 36 familias campesinas que cobija la sentencia y realizan acciones sociales, culturales y políticas para garantizar una restitución integral. El único problema que han enfrentado ha sido el rechazo o la desconfianza de algunos hombres, que no aceptan a las mujeres como líderes del proceso de restitución. Lesa reconoce que el machismo las ha desanimado en varias ocasiones, pero sigue adelante para ayudar a toda la comunidad.

En 1999, paramilitares del Bloque Norte de las AUC irrumpieron en el corregimiento. Tenían una lista con nombres de supuestos guerrilleros o colaboradores de las FARC, entre los que estaba su hermana, una recepcionista de Telecom. Al final del día, los ‘paras’ asesinaron a tres personas.

(Foto: © Carlos Jaramillo )

Otra de sus apuestas fue el acompañamiento psicosocial, una labor que inició mucho antes de la sentencia. En 2013, la CCJ tomó las demandas para recuperar todo lo que se perdió, incluyendo el tejido social. Lesa, sus compañeras y la comunidad decidieron volver a vivir esos momentos que la guerra y el miedo les habían quitado. Luego de 22 años, retomaron las celebraciones y sus fiestas patronales en homenaje a la Virgen del Rosario. Daniela fue testigo de la felicidad y fuerza que les regaló esta conmemoración. Vio a la comunidad celebrar, de nuevo, los bautizos, las misas y las procesiones típicas de finales de octubre.

Con la resolución del Ministerio, el próximo paso es cumplir la sentencia y retomar la construcción de las viviendas. Sin embargo, el proceso ha tardado más de lo que dictamina la resolución. La CCJ ha recurrido a tutelas y derechos de petición, pero Daniela cree que los mayores retos han sido la voluntad política y las instituciones, que ponen trabas o pasos adicionales: “No tienen en cuenta que es una población alejada, que a veces no hay energía y que el acceso a internet es complicado. La Constitución es clara, pero desafortunadamente con las sentencias de restitución esto no se cumple”.

Según sus cálculos, falta cumplir un 70% de la sentencia, a pesar de que se dictaminó que las entidades debían cumplir las órdenes en un mes. Además de las otras viviendas, falta reconstruir los sitios comunes como el centro de salud, la escuela local y el lugar para realizar actos comunitarios. “Nos queda bastante trabajo ―cuenta Daniela―. Nosotros, como CCJ, debemos continuar con la litigación para que las órdenes se cumplan en su totalidad”.

Algunos campesinos han construido viviendas temporales con plástico, barro y madera.

(Foto: © Cortesía Lesa Daza

Otra deuda es formular los proyectos productivos, necesarios para generar recursos y fomentar la soberanía alimentaria. Hasta el momento, y de la mano de la URT, tienen 16 proyectos de cultivos y otro de ganadería. La comunidad espera volver a lo de antes: ver los campos llenos de maíz, yuca, ahuyama, ñame, patilla o melón, para después vender sus productos en la carretera, a algunos turistas o vecinos del departamento. Otros volverán a usar las cañas, los anzuelos y las atarrayas para pescar en los arroyos cercanos, mientras que los demás adecuarán los galpones y corrales para sus animales.

Por su parte, Lesa insiste con las indemnizaciones, en especial para los adultos mayores. Quiere que alcancen a recuperar lo que perdieron. También quiere continuar con su labor para ayudar a quienes más pueda y agradece el voto de confianza que le regaló la comunidad. “Ha sido una labor muy bonita que me llena de satisfacción ―cuenta―. He adquirido muchos conocimientos gracias a la comunidad y a las organizaciones. Antes, hablábamos de Salaminita y nadie la reconocía. Ahora, gracias al trabajo conjunto, somos reconocidos”.

Todos los días, Lesa recuerda por qué volvió a Salaminita. Le sonríe a los vecinos, camina por el pueblo y visita su kiosco, una pequeña construcción de palma. Habla con la comunidad, trabaja con sus compañeras y evalúa los avances en la reconstrucción de las casitas. Ha pasado todo el día y ya es tarde. Debe ir a Fundación, pero sabe que al día siguiente volverá a Salamanita. Al igual que los otros campesinos, trabaja para ver el renacer su pueblo natal: “Estamos dispuestos a seguir adelante y permanecer en el territorio”.


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