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Bogotá, Cundinamarca

Las jueces que le apostaron al enfoque de género para proteger a las mujeres


La justicia en Colombia es una demanda permanente, sobre todo cuando la exigen las mujeres. Si la cantidad total de víctimas, desplazamientos y ataques se filtra por género, las cifras indican que ellas son las más afectadas. Según informes del Registro Único de Víctimas, Medicina Legal y la Fiscalía, la población femenina ha sido la más atacada por la violencia.

Ante el crítico panorama, el enfoque diferencial es una medida alentadora para emitir sentencias que favorecen y protegen a las mujeres. El pasado mes, en el marco de la condecoración “José Ignacio de Márquez” y con el apoyo del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID (JSP), la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial (CNGRJ) premió el trabajo de dos funcionarias que incorporaron el derecho a la igualdad y a la no discriminación en sus sentencias.

El jurado fue conformado por académicos de diferentes universidades del país y una experta en género del JSP. En total, la segunda edición de este concurso recibió 82 sentencias en las categorías de jueces y magistrados.

Para la jueza Claudia Sánchez Huertas es importante entender que el género no solo corresponde a las mujeres. La población LGBTI también está dentro de estas políticas.

Foto: © Ángela María Agudelo Urrego

Restitución de tierras

Claudia Sánchez Huertas se vistió de blanco y naranja por las mujeres de Colombia. Se unió a los 16 días de activismo que propuso la Campaña “Únete” de ONU Mujeres, una jornada que inició el pasado 25N, Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia de Género. El fin de la jornada coincidió con la ceremonia del pasado 10 de diciembre. Por eso escogió un enterizo de color blanco y una flor con tonos naranja para hacer un homenaje acorde con la condecoración y el activismo.

Desafortunadamente las mujeres involucradas en el conflicto armado son las que llevan la peor parte”, comenta la jueza. Sánchez resolvió el caso de una familia que salió del departamento de Vichada hacia la vereda La Cristalina, en Puerto Gaitán, Meta. La familia, conformada por dos esposos y sus tres hijos, fue víctima de desplazamiento forzado y despojo de tierras a causa del trabajo del hombre en la Junta de Acción Comunal. Las constantes amenazas hicieron que abandonaran su predio, un terreno que pertenecía a un resguardo indígena del departamento.

Al analizar el contexto, la juez consideró que era necesario aplicar el enfoque diferencial para el bienestar de la mujer y sus hijos. Además, la aplicación de la medida aseguró su derecho a la restitución territorial.

El caso se resolvió en primera instancia.


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Claudia es abogada desde 1991. Trabaja con las solicitudes de restitución de tierras que ampara la Ley 1448 de 2011. Conoce a las víctimas que han sido despojadas de sus tierras, obligadas a venderlas o abandonarlas a causa del conflicto armado y la presencia de grupos al margen de la ley.

Los jueces de restitución no son funcionarios de oficina. Emprenden largas caminatas para visitar los terrenos que mencionan las solicitudes presentadas por la Unidad de Tierras. La mayoría de los desplazamientos son complicados y dispendiosos. Se han topado con culebras o con un mal clima, pero Claudia afirma que su labor es una manera de reparación. “Es necesario que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a beneficios a los que no han podido acceder. Ellos han debido dejar sus bienes, sus propiedades, su arraigo y esta es una forma de restablecerles y repararles en parte”, dice. Para la juez Sánchez, el enfoque diferencial no se limita al género. También contempla a la población en discapacidad y en vulnerabilidad, muy común en Colombia.

La jueza Sánchez revisa que las peticiones presentadas al juzgado cuenten con los requisitos que exige la ley, realiza el auto admisorio y noticia a las personas interesadas en el predio.

La magistrada Talero fue condecorada junto a los magistrados Felipe Francisco Borda y Maria Patricia Balanta, de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga. El proceso de restitución internacional contempla la legislación nacional e internacional.

Foto: © Ángela María Agudelo Urrego

Restitución internacional

La magistrada Bárbara Talero sentenció contra de la intimidación y la violencia. El caso que resolvió fue una restitución de menores, un proceso que ocurre cuando una persona traslada a un menor de edad de su sitio de residencia sin autorización. En esta ocasión, madre e hija residían en Panamá junto al esposo de la mujer: el victimario.

En medio de un acto de desespero y valentía, la madre se acercó a las autoridades del país para denunciar. Había constancia de agresiones anteriores y la mujer contaba que el hombre, al referirse a la menor o a ella, hablaba con desagrado y repulsión. Cuando la violencia se ejerce contra la madre -comenta la magistrada- repercute en la condición sociofamiliar y en el desarrollo psicosocial de los menores”.

Había un riesgo alto para madre e hija. Talero identificó hechos recurrentes de violencia basada en género y una marcada asimetría de poder: el hombre ejercía una fuerza que obligó a la mujer a tomar esa decisión. Por eso aplicó las reglas del enfoque diferencial. Venimos de una sociedad patriarcal y machista donde son aceptadas las desigualdades y se entiende que el hombre es el proveedor económico, que se debe respetar y acatar lo que él señale. La mujer tiene miedo de decirle a las autoridades. Estamos en un despertar en el que ha sido muy difícil empoderar a las mujeres para que hagan las denuncias”, comenta.

Bárbara lleva más de 29 años trabajando en la rama judicial. Tuvo la fortuna de cumplir su sueño: ser jueza. Recuerda la sentencia y cuán emotivo fue para ella cumplir con su deber como administradora de justicia. Para Bárbara es importante que los jueces conozcan “no solo las normas sino también la realidad del derecho”.

Si le preguntan por el compromiso de sus colegas, responde con un tono de esperanza. Afirma que el enfoque diferencial no es un tema exclusivo de las mujeres y que ha habido mucha receptividad. Sin embargo, su trabajo y su posición dentro de la rama judicial hacen que reconozca el valor de la participación de las mujeres en altas instancias. “Ojalá todas las mujeres tengan esa participación a nivel nacional y regional”, afirma.

«Toda esa capacidad que tenemos en las ciudades no llega a los 1.100 municipios de Colombia. Estamos generando un plan piloto que sea replicado por el Estado en el cual generamos mentores que viajan a los territorios y trabajan con los funcionarios locales. Les explicarían cómo trabajar los casos y propondrían alternativas para buscar mejor evidencia, recoger mejores testimonios… Así se llevarían mejor.»  Amalia Eraso.

Foto: © Ángela María Agudelo Urrego

Refuerzo institucional

Para Huertas y Talero, la premiación del pasado 10 de diciembre fue una reconocimiento a su ardua labor y una motivación para seguir adelante. Esperan que, además del premio, la condecoración sea una oportunidad para que los ciudadanos recuperen la confianza en el sistema judicial.

Su deseo coincide con los objetivos que ha planteado el Programa para una Paz Sostenible (JSP) de USAID. Amalia Eraso, gerente de portafolio de la institución, sonríe cuando menciona los esfuerzos que realiza la institución para combatir el escepticismo judicial. Una de las premisas de esta apuesta es que los ciudadanos actúen como operadores de justicia local y conozcan de cerca el enfoque diferencial. Eraso reconoce que es una labor dispendiosa pero cree que la capacitación, el trabajo en conjunto y las alianzas estratégicas pueden sentar una buena base para alcanzar la meta.

USAID trabaja en 45 municipios del país, territorios donde las necesidades jurídicas y el conflicto armado son un renglón imborrable en sus historias. Ante eso, la agencia ha trabajado en beneficio de los sistemas y los mecanismos de justicia local, como la conciliación en equidad o la mediación consetudinaria. Para ello, capacitan a los jueces y juezas de estos lugares en un proceso de enseñanza que contempla el enfoque de género.

“También apoyamos organizaciones de sociedad civil para que entiendan mejor el tema de justicia y tengan incidencia en sus regiones para obtener más personal, mejores políticas, mayores presupuestos… El objetivo es consolidarlas para que tengan representación judicial a víctimas de violencia basada en género y acompañamiento psicosocial”.

Juzgar con perspectiva de género moldea una justicia mucho más incluyente. Si bien combatir el escepticismo y el miedo al denunciar son tareas difíciles, el enfoque diferencial es un impulso para la rama judicial colombiana. Ahora las sentencias, los fallos y las tutelas también contemplan la condición de vulnerabilidad, la discriminación y la desigualdad.


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La ministra de justicia y del derecho, Margarita Cabello, indicó que el sector justicia solo cuenta con un 15% de favorabilidad por parte de los colombianos, mientras que el sentimiento de desconfianza alcanza el 82%.

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