Hasta este año, lograron salir de Popayán para continuar con la defensa de los derechos colectivos. La falta de recursos fue el principal problema, pero el apoyo del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID, hizo posible que la Clínica trabajara en Caldono y Santander de Quilichao, dos municipios afectados por el conflicto y con población étnica. En esta ocasión, incluyeron una línea de trabajo que les interesaba por largo tiempo: la defensa ambiental.
El trabajo de la Clínica inició con las clases por videollamada, debido a la emergencia sanitaria. Pensaron que la virtualidad complicaría la formación pero resultó ser una sorpresa: esperaban 60 beneficiarios, 30 de cada municipio; sin embargo, el cupo cedió y en la última sesión se conectaron 33 personas de Santander de Quilichao y 55 de Caldono. Entre todos, llegaron a un acuerdo y decidieron que el tema ambiental sería la defensa del agua. Identificaron la contaminación en el río Ovejas, en Caldono, y un nacedero de agua afectado por construcciones de viviendas, en Santander de Quilichao.
Además de las lecciones y la teoría, el pénsum de la Clínica Jurídica incluye la capacitación y la sensibilización. Maria cree que son dos requisitos importantes para superar las brechas de la justicia en las regiones. “Parto de un supuesto ―dice― y si la gente no conoce sus derechos o no sabe a dónde acudir, no los puede defender”. En ambos municipios la Clínica fue algo novedoso. Maribel Guejia es representante de las Juntas de Acción Comunal de Santander de Quilichao. Si le preguntan por la Clínica no oculta su felicidad ni el impacto positivo que ha tenido para sus vecinos y colegas. “Antes teníamos muchas inquietudes sobre la oferta y el apoyo jurídico del Estado ―dice―. Ahora, las comunidades ya saben que hay una capacidad instalada y unos profesionales que nos acompañan”. Por su parte, Martha aprendió qué es una tutela, una medida cautelar y un habeas corpus. “La formación es muy importante porque así nosotros mismos podemos reconocer los atropellos contra el ambiente y la salud”, dice.
Capacitar a los ciudadanos sobre sus derechos exigía una lección intrínseca al primero de ellos: el derecho a la vida. Maria Fernanda admite que para muchos es extraño unir los términos “justicia” y “medio ambiente”, pero que es algo necesario. De acuerdo con la Corte Constitucional, el ambiente es un bien jurídico constitucionalmente protegido. Pero en el norte del departamento prima la ausencia estatal, la tala indiscriminada de árboles, la quema de caña de azúcar y las actividades empresariales o mineras que contaminan las fuentes hídricas. Ante esas acciones, la justicia ambiental salvaguarda los ecosistemas a través de la ley y la acción popular. “No estamos defendiendo cualquier derecho. Estamos defendiendo la vida y el legado a las futuras generaciones”, dice Maria Fernanda.
Sobre esto, reitera la importancia de la sensibilización. El trabajo de la Clínica y la pedagogía son un complemento importante para la labor de líderes y defensores ambientales. Según el informe Defendiendo el mañana de Global Witness, presentado en julio de este año, Colombia es el país con mayor número de asesinatos de defensores ambientales en el mundo: 64 víctimas en el 2019, la cifra más alta registrada por la ONG. De ellas, más de un tercio de ellas corresponde al Cauca y la mitad, a pueblos indígenas. “Es fundamental generar conciencia colectiva ―dice Maria Fernanda―. Buscamos que los demás comprendan la importancia de proteger el medio ambiente y la labor de un defensor ambiental, que proteger el agua o los recursos naturales no es algo caprichoso”.
