fbpx

El Catatumbo, Norte de Santander

Las últimas voces del genocidio contra los indígenas Barí

© Fotografía: Diego F Delgado Galeano - Documental Amarillo

Babido Bobarishora Atacadara decidió convertirse en traductor de baríara, la lengua ancestral de los indígenas barí, en honor a su padre. Tiene 47 años pero no recuerda con exactitud en qué año inició con su labor. Dice que lleva “toda la vida y que es una herencia de su papá”. No lo conoció, pues lo asesinaron cuando Babido apenas tenía dos meses de edad. Fue en 1931, el mismo año en el que el Congreso de la República expidió la Ley 80, que avaló la explotación petrolera en El Catatumbo, Norte de Santander, por parte de las compañías South American Gulf Oil Company y Colombian Petroleum Company (COLPET).

Esta decisión permitió que ambas empresas explotaran el territorio sin ningún límite. Tampoco importó que invadieran los resguardos del pueblo indígena barí, asentados en Norte de Santander, en El Catatumbo y la Serranía de los Motilones, en la frontera colombo-venezolana del departamento. La Ley 80 de 1931 incluyó la cláusula XXI, que autorizaba al Gobierno a usar la Fuerza Pública para contrarrestar los ataques de los indígenas. Noventa años después, no se tiene el registro exacto de cuántos indígenas fueron asesinados, entre ellos el padre de Babido. No obstante, los sobrevivientes recuerdan la muerte y tortura de familias enteras, así como la violación y mutilación de mujeres.

Para obtener un registro de este suceso y rescatar los testimonios a las víctimas, la Asociación de Autoridades Tradicionales del pueblo Barí “Ñatubaiyibari” y la  Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos dhColombia crearon el informe Pueblo Barí: entre el exterminio estatal, extractivista y el conflicto armado. El pasado 31 de marzo le entregaron el documento a la Comisión de la Verdad, como una apuesta de memoria y un aporte para la no repetición y la justicia transicional. 

El objetivo del informe era reconocer cuáles habían sido las estrategias y prácticas genocidas, consecuencia de la expedición de la Ley 80 de 1931 y cómo se llevó a cabo la Concesión Barco, que otorgó grandes extensiones del territorio para explotación petrolera”, dice María Alejandra Garzón, investigadora principal del informe y coordinadora jurídica de dhColombia. Ella, junto a otros compañeros de la Asociación y Documental Amarillo, escucharon los relatos de los indígenas, analizaron la participación del Estado y las afectaciones históricas del conflicto armado para el pueblo barí. Para Alejandra, la Ley 80 fue la apertura para una política extractivista y la imposición de una economía de enclave que aún persiste en El Catatumbo.

De acuerdo con el CNPV (2018) del DANE, hay 3.018 personas reconocidas como indígenas barí en el país.

© Fotografía: Diego F Delgado Galeano – Documental Amarillo

© Fotografía: Diego F Delgado Galeano - Documental Amarillo

El trabajo para realizar este documento inició hace unos cuatro años, cuando el pueblo Barí invitó a dhColombia a una de sus asambleas. Querían compartir sus testimonios y exigir el cumplimiento de sus derechos como víctimas del conflicto.En el marco del Acuerdo de Paz vimos una oportunidad —recuerda Babidoro. Por decisión de su comunidad, fue quien lideró el trabajo y la recolección de testimonios con el equipo de dhColombia y Documental Amarillo—.  Nunca se había tocado ese tema y hay que recordar nuestra historia”.

Al principio, el equipo de dhColombia solo propuso el informe; sin embargo, con el paso del tiempo consideró otra opción: un documental en su lengua ancestral, el barí ara. Babido fue un gran apoyo en tal instancia, pues colaboró con la traducción y elaboración de subtítulos. “Ver cómo decidieron contar sus historias y hablarle a alguien que nunca lo ha entendido es muy bonito e interesante”, dice Diego Delgado, realizador audiovisual de Documental Amarillo, una iniciativa que trabaja temas de memoria de campesinos y víctimas de crímenes de Estado y violencia sociopolítica. Ellos se apropiaron de la herramienta y vieron una oportunidad para contarle al mundo quiénes son y por qué su cultura debe ser protegida”.

Alejandra y Diego conversaron con 40 sobrevivientes, quienes hoy son caciques, sabedores y mayoras de los resguardos. Era la primera vez que hablaban sobre la Ley 80. Babido fue el encargado de traducir los relatos de su comunidad y también quien lideró los recorridos por las 25 comunidades del pueblo. En cada una, los indígenas mencionaban el genocidio, el impacto cultural de tal suceso y otros hechos que ocurrieron después, como la evangelización y las misiones religiosas en El Catatumbo. Babido recuerda a Bruce Olson, un misionero estadounidense y escandinavo que, en sus palabras, “llegó a la región para ayudar al pueblo barí”.

El objetivo del informe era reconocer cuáles habían sido las estrategias y prácticas genocidas, consecuencia de la expedición de la Ley 80 de 1931 y cómo se llevó a cabo la Concesión Barco, que otorgó grandes extensiones del territorio para explotación petrolera

©Fotografía: Diego F Delgado Galeano – Documental Amarillo

© Fotografía: Diego F Delgado Galeano - Documental Amarillo

Por medio de su palabras nos ayudaron a traer al presente esa historia de horror que causó la ley —cuenta Diego—, cuya expedición trajo graves consecuencias sobre el pueblo barí: espirituales, territoriales, cosmogónicas e incluso, para su supervivencia y permanencia en el territorio”. Una de las pérdidas más importantes fueron los soika o bohíos, unas construcciones de madera o paja que sirven como lugar de descanso o encuentro. Allí, los indígenas también realizan ceremonias o ritos para compartir su sabiduría, por lo que su quema y destrucción supuso una amenaza a las tradiciones y la cultura barí.

Además de visitar el resguardo, Alejandra hizo una búsqueda bibliográfica para obtener más información sobre la Ley 80 y qué había ocurrido en el territorio barí. “Todo coincidía —dice Alejandra, quien consultó repositorios del Archivo General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Ministerio de Minas. En el Ministerio encontró algunas misivas de Clarence Folsom, representante de la Gulf Oil Company, a Francisco Chaux, ministro de Industrias—. Decían algo similar a ‘Gobierno, usted se comprometió a prestar su fuerza armada para repeler todos los hostigamientos de estos motilones  salvajes’. Los testimonios demuestran que era es de conocimiento del Estado lo que estaba sucediendo. Otra de las cartas le pedía al Gobierno colombiano aprobar la explotación petrolera a cambio de financiación económica.

Al final del documento, la comunidad incluyó varias recomendaciones para garantizar el acompañamiento de la Comisión de la Verdad, entre las que se encuentran el reconocimiento del Estado y las multi y transnacionales como sujetos activos en el conflicto, y la prohibición de proyectos de explotación petrolera o de otros bienes en el territorio. De igual manera, solicitan la ampliación y protección del resguardo para garantizar la permanencia y el buen vivir de la comunidad.

Ahora, es deber que ellos se sientan reconocidos como sujetos históricos, políticos y de derechos —dice Diego—. Los indígenas se encuentran en alto riesgo, entonces es muy importante que la institucionalidad escuche al pueblo barí”. Si bien el informe fue presentado ante la Comisión de la Verdad, Diego sugiere que es indispensable el apoyo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos (UBPD) para reconocer el genocidio y el impacto de la ley. 

 “Lo que nos ocurrió en ese tiempo, fue que nos masacraron, de que nosotros teníamos niños, ancianos, jóvenes, mujeres que ya han fallecido por causa de la República de Colombia, por el Congreso de Colombia, simplemente por las minas, por el oro, por el petróleo que tenemos en nuestra tierra ¿Cómo se le ocurre a un presidente hacer eso, o a el Estado, o a el Congreso? Yo les digo a todos los colombianos: ¿Es justo lo que nos han hecho a nosotros?”

Este mes, el equipo de dhColombia y Documental amarillo volverán a El Catatumbo. Esperan asistir a la próxima asamblea general del pueblo barí para compartir el informe y el documental. Diego también contempla la posibilidad de trabajar con el contenido que no se incluyó en la pieza audiovisual, pues aún hay bastante material inédito que merece ser divulgado. Hay mucha historia por contar —dice—. Volveremos al territorio para seguir trabajando con ellos y por ellos, para seguir trabajando por la memoria”.

Por su parte, Babido le agradece al equipo de trabajo por su cuidadosa y cercana labor con el pueblo barí. Fiel al pensamiento de los pueblos indígenas, piensa en su comunidad, la defensa de la vida y la preservación del medio ambiente. Siempre habla con confianza, por lo que espera que la Comisión de la Verdad los reconozca como víctimas del conflicto. Seguirán alzando su voz, contando sus historias y participando en la mayor cantidad de espacios para recordar el genocidio de 1931 y evitar que la violencia vuelva a atacarlos: No queremos que esto se repita. Recordamos a nuestros guerreros y familiares. El pueblo barí se mantiene resistiendo”

 

Nacional

Por una justicia rural que dialogue y reconozca las diferencias

El foro ‘Caminos para la justicia: experiencias que transforman las regiones’ fue el escenario para escuchar diversas opiniones y testimonios...

Justicia Rural junio 18, 2021 2 min de lectura

Nacional

Justicia con enfoque de género: una llave hacia la igualdad

Mujeres, organizaciones y líderes LGBT trabajan para solucionar los problemas, mitigar la desigualdad e impartir justicia con enfoque de género....

Justicia Rural junio 15, 2021 1 min de lectura

Nacional

Justicia étnica en Colombia: una lucha por el reconocimiento

La diversidad que distingue a Colombia también se refleja en la justicia. Indígenas y afro, entre otros, tienen su propia...

Justicia Rural junio 15, 2021 1 min de lectura